La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha presentado en la Casa Rosada, sede de la presidencia, un informe que no solo refuerza su ofensiva contra el mayor periódico y grupo de medios de Argentina, Clarín, sino que también ataca al segundo diario con mayores ventas, La Nación. El documento denuncia que los antiguos dueños del único fabricante argentino de papel para periódicos, Papel Prensa, se vieron forzados, bajo las torturas del régimen militar (1976-1983), a vender la empresa a Clarín (que controla actualmente el 49% de la papelera) y La Nación (22%). Fernández anunció que el informe "será remitido a los órganos competentes para la prosecución de trámites administrativos y judiciales".
Fernández anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso, donde carece de mayoría, que declarará de interés público la producción de papel de periódicos, su distribución y comercialización. Esta iniciativa llevará a que todos los clientes de Papel Prensa paguen lo mismo por el producto, y además el Estado invierta para aumentar la fabricación local y reemplace lo que en actualidad se importa. El Gobierno, no obstante, descartó la intervención de Papel Prensa.
Ambos periódicos rechazaron ayer las acusaciones en un comunicado conjunto titulado "Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa" . La mayoría de la oposición argentina criticó la embestida del Gobierno.
En el informe del Gobierno "se verifica de forma indubitable el accionar ilegal de los diarios participantes en las transferencias accionarias", explicó Alberto González Arzac, consejero del Estado en el directorio de Papel Prensa, en el acto celebrado en la Casa Rosada. "Coincido con Clarín en que quien controla Papel Prensa controla palabra impresa", dijo Fernández. La papelera domina el 75% del mercado (el resto del papel se importa) y abastece a 170 periódicos.
Por el contrario, Clarín y La Nación declaran en el comunicado conjunto que publicaron en sus ediciones de ayer: "Los accionistas privados [de Papel Prensa, un 27% de la cual pertenece al Estado] venimos denunciando desde hace casi un año un plan del Gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre". Ambos periódicos atacan al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comisionado por el Estado ante Papel Prensa, que repartió hace unas semanas guantes de boxeo en una asamblea de accionistas de la papelera: "Viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolorosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera de los derechos humanos".
Los rotativos aseguran que "la compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976", y que "en ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver [la familia entonces propietaria de Papel Prensa] con la organización armada Montoneros [guerrilla peronista], vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros de ese grupo por la dictadura militar", según lo declararon las propias víctimas "en democracia", a partir de 1983 y ante los jueces.
En un acto al que la presidenta había convocado a todo su grupo político, a sindicalistas, a empresarios y a Madres de Plaza de Mayo -asistió Hebe de Bonafini-, Fernández aseguró que la venta se registró en condiciones de "inseguridad jurídica", entre desapariciones de los antiguos dueños de Papel Prensa o "visitas" de los militares a sus casas. La representante del Estado en el directorio de Papel Prensa, Beatriz Paglieri, famosa por su intervención junto a Moreno en el Instituto de Estadística para subestimar el índice de inflación, añadió que hasta ahora Papel Prensa "les ha vendido por debajo del costo de producción a las empresas relacionadas del sector privado, lo que les ha conferido una ventaja competitiva en el mercado de la prensa que permitió que crecieran en forma exponencial".
En la oposición, la Unión Cívica Radical difundió un comunicado el lunes en el que advirtió de que "el Gobierno degrada la democracia, limita las libertades y lesiona la seguridad jurídica". El ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), peronista disidente, atacó el plan para "confiscar Papel Prensa sin sustento jurídico o histórico". Coalición Cívica y Propuesta Republicana también criticaron la ofensiva del Gobierno. Pero otro diputado opositor, el izquierdista Claudio Lozano, dijo: "El origen de Papel Prensa se vincula con las transacciones y contubernios de la época dictatorial, y corresponde que los propietarios den explicaciones".
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