martes, 10 de agosto de 2010

Guatemala ordena detener a un ex candidato a la presidencia


GUATEMALA
Guatemala emitió ayer órdenes de detención contra 16 personas, incluidos un ex candidato presidencial y antiguos altos funcionarios del Gobierno, por su implicación en el asalto a una cárcel, en 2006, que se saldó con la muerte de siete presos.El Juzgado Primero de Alto Riesgo ordenó la captura con fines de extradición de ex funcionarios de la cúpula del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC) por su vinculación en dos casos de ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 10 reos, del 2004 al 2007.
PUBLICACION DE PRENSA LIBRE DE GUATEMALA
Las acciones se dieron después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) efectuara las pesquisas en dos casos: la incursión en la cárcel de Pavón, donde ultimaron a siete reos, y la ejecución de tres prófugos de la cárcel de alta seguridad El Infiernito, en Escuintla.

En total, se giraron 19 órdenes de captura, pero después de varios allanamientos, solo se lograron concretar siete.

Entre los ex funcionarios, a quienes no solo se les busca a nivel nacional sino internacional está Carlos Vielman, ex ministro de Gobernación, que extraoficialmente se sabe que está en España; Erwin Sperisen, ex director de la PNC y quien desde hace tres años viajó a Suecia.

También figura Javier Figueroa, ex subdirector del Servicio de Investigación Criminal de la PNC. Los registros migratorios establecen que el 4 de marzo del 2007 salió del país rumbo a Costa Rica; luego, pasó por Panamá, Venezuela y finalmente llegó a Europa.

Además, se busca a María del Rosario Melgar, sindicada por el asesinato de Víctor Rivera y ahora vinculada a estos hechos.

A esa lista se añade Alejandro Giammattei, ex director de Presidios, quien pidió asilo político a Honduras y se encuentra en la embajada de ese país, en esta capital.

En Ocós, San Marcos, buscaron a Víctor Soto, ex jefe del Servicio de Investigación Criminal de la PNC, pero no fue localizado.

Organización criminal

“Los detenidos y otros que están prófugos forman parte de una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil desde el 2004 y estaba dedicada a ejecuciones extrajudiciales contra personas privadas de la libertad en los centros carcelarios del Sistema Penitenciario”, según un comunicado de la Cicig.

Las pesquisas de esa entidad indican que esa estructura cometía asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robo de estupefacientes a otras bandas delictivas.

“La organización ejecutaba sus acciones bajo un patrón de conducta sistemático en los casos que se le atribuyen, y que son materia de otras investigaciones”, indica el comunicado.

Las pesquisas de la Cicig datan desde noviembre del 2008, y aseguran que continúan con las acciones de investigación para lograr vincular a la banda a otros hechos similares.

Capturas

De una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en Guatemala, San Marcos, Escuintla, Suchitepéquez y Santa Rosa, se logró la detención en el caso de la fuga de reos de El Infiernito de Víctor Manuel Ramos Molina, comisario y ex miembro del Comando Antisecuestros; Edwin Emanuel Rivera Gálvez y Francisco González Ibáñez, del comando antisecuestros dirigido por Víctor Rivera.

A los anteriores se les sindica de ejecución extrajudicial.

Además, se capturó a Mario Roberto García Frech, coronel retirado y ex subdirector general de seguridad operativo del Sistema Penitenciario, uno de los cargos de confianza de Giammattei; Óscar Miguel Díaz Maldonado y Aldo Stefano Figueroa, hermano del ex subdirector de investigaciones de la PNC, sindicados por asesinato y asociación ilícita.

En la casa de este último, en la 5a. avenida y 19 calle, zona 14, se incautaron varias armas de fuego, placas de automóviles y documentación.

Vinculado con este caso estáÁxel Arnoldo Martínez Arreaza, quien ya estaba detenido por sustracción de droga en el bulevar Buganvilias, zona 6.

Durante los allanamientos se capturó a Viviana Beatriz Preciado Navarijo, de 21 años, hija de la acaldesa de Ocós, San Marcos, Edilma Elizabeth Navarijo, por obstrucción a la justicia, debido a que supuestamente ayudó a Soto a darse a la fuga.

También se detuvo a Milton Rodrigo Shiller Villeda, por lavado de dinero.

Una vez capturados, todos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. La audiencia que empezó ayer a las 9 horas terminó a las 17. Solo Rivera Gálvez rindió su primera declaración, mientras que Ramos Molina se abstuvo de declarar.

El resto de los detenidos será escuchado hoy. Los reos quedaron a disposición del Sistema Penitenciario para su ubicación en centros carcelarios.

Eddy Morales, director de Presidios, informó que los detenidos fueron recluidos en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17.

Planes de ejecución

Según las pesquisas de la Cicig, el 22 de octubre del 2005, se ejecutó el plan Gavilán, para dar con el paradero de los 19 reos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito.

Se indica que el 4 de noviembre de ese año, como parte del plan, le dieron muerte al reo Edwin Estuardo Santa Cruz Rodríguez, en Río Hondo, Zacapa; el 30 de noviembre de ese año, ejecutaron a Julián Morales Blanco, y a José María Maldonado Sosa, en Los Amates, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.

La investigación de la Cicig refiere que el 25 de septiembre del 2006, esa misma organización delictiva, que cumplía órdenes superiores, impulsó el plan Pavo Real, que consistía en el ingreso en la granja penal de Pavón para retomar el control, que estaba en poder de los internos.

De acuerdo con la Cicig, en ese operativo fueron asesinados los miembros del comité de orden y disciplina José Abraham Tiniguar Guevara, Mario Misael Castillo, Érick Estuardo Mayorga Guerra, el colombiano Jorge Estuardo Batres Pinto, Carlos René Barrientos Vásquez, Gustavo Alonso Correa Sánchez y Luis Alfonso Zepeda González.

Los reclusos supuestamente controlaban el tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y otras actividades delictivas desde Pavón.

En diciembre del 2006, Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos, entregó un informe en el que se establecía que los reos habían sido ejecutados y no hubo enfrentamiento entre miembros de seguridad y reos.

Según testimonios, policías encapuchados tenían una lista y fotografías de unas 25 personas, que eran apartadas de las filas y sometidas al orden.

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