La Corte Suprema “hechiza” continuó ayer con la elaboración y firma de 16 sentencias en materia civil, de parte de conjueces y magistrados orteguistas, incluyendo a los dos abogados a quienes se les venció el plazo para seguir ocupando esos cargos.
Esta decisión coloca a Nicaragua en la más grave situación de inseguridad jurídica, desde que Emiliano Chamorro disolvió la Corte Suprema después de consumar su trágico lomazo.
Según una nota de prensa de “la nueva Corte”, la magistrada Yadira Centeno, quien coordina el grupo de trabajo en materia Civil, junto a la magistrada Ligia Molina y los conjueces José Ignacio Miranda y Félix Ocampo, ayer firmaron 16 sentencias que serán llevadas el próximo jueves para su homologación en Corte Plena y cuya aplicación y validez quedarán susceptibles de nulidad perpetua, lo que lesiona los intereses de las partes involucradas en las sentencias, según opiniones de calificados juristas.
“La suerte está echada”, dice Méndez
Mientras tanto, el grupo que trabaja la materia Contencioso Administrativo, dejó lista entre 10 y 12 mediaciones y firmó cerca de 20 actos de trámite, informó a través de la oficina de prensa, la magistrada Juana Méndez, quien coordina ese equipo.
La magistrada Méndez también se pronunció respecto a la legalidad de las sentencias firmadas por conjueces, asegurando que una vez firmadas, no hay vuelta atrás.
El decretazo y el “exhumado”
“Somos los magistrados actuales junto a los conjueces los que damos vigencia a las resoluciones dictadas, respaldados por el artículo 163 de la Constitución y por el artículo 201, párrafo segundo de la Constitución de 1987, donde se determina el actuar legal de cada integrante dentro de los equipos de trabajo elaborados”, expresó.
Estado de facto
Esto es interpretado por juristas serios y responsables que han externado sus opiniones, como la decisión irrevocable del gobierno que preside Daniel Ortega, de prescindir de la legalidad de las instituciones y manejar a Nicaragua bajo un Estado de facto.
Los magistrados liberales mantienen su posición de rechazo a todas las actuaciones de conjueces y ex magistrados, y aseguran que pronto darán a conocer su posición y acciones respecto a las mismas.
A partir de esas primeras sentencias firmadas por personas sin facultades jurisdiccionales, desaparecen en el país las posibilidades institucionales para que puedan tener seguridad jurídica las inversiones nacionales e internacionales y en general, el tuyo y el mío, expresó ayer un jurista consultado.
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