Somos “estación de servicio” del narcotráfico

Viejos mitos sobre al accionar de la mafia y del crimen organizado, caen en una nueva investigación presentada en Managua esta semana. Así lo revela el estudio “Seguridad y Crimen Organizado Transnacional”, realizado por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (La Red) con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. EL NUEVO DIARIO entrevistó al editor y coautor del documento, Eduardo Stein Barillas, ex vicepresidente de Guatemala 2004-2008 y coordinador de la citada Red, quien explicó los alcances de la investigación y los nuevos hallazgos sobre el crimen organizado. De acuerdo con el experto, a partir de un trabajo investigativo del Instituto de Estudios y Estratégicos de Políticas Públicas sobre poblaciones fronterizas y crimen organizado entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua, la Red logró revisar todo lo publicado sobre crimen organizado en América Central, y determinó que hace mucho la región dejó de ser un corredor de las drogas. “Centroamérica dejó de ser corredor del narcotráfico, para convertirse luego en bodega hasta hace pocos años, pero ahora, al apretar México por el Norte y Colombia por el Sur, con sus respectivos planes de lucha, los cárteles mudaron a territorio muchas de sus operaciones, algunos los llamen efectos cucarachas, porque les echan insecticida en un rincón y van para otro”, graficó el investigador, para de inmediato establecer la nueva condición del área frente al problema. “Lo cierto es que Centroamérica está ya como una gran estación de servicio para la ilegalidad, ese es un primer hallazgo importante; el crimen organizado presenta desafíos en materia de narcotráfico, porque están usando la región para gerenciar otros tipos de ilegalidad, de donde obtienen ganancias ilegítimas pero importantes: redes de contrabando de armas, de vehículos robados, de bienes culturales, de mercaderías piratas, tráfico de inmigrantes, trata de personas”, precisó. Aprovechan nuevas tecnologías Basado en el estudio ya citado, el ex diplomático y ex funcionario de alto nivel de Guatemala reveló que aprovechándose de las nuevas tecnologías de comunicación y transporte, el crimen organizado está usando a América Central “como un enorme portaviones donde aterriza la materia que viene del sur y de donde despegan sus vuelos al principal mercado de consumo, que son los países del Norte, pero para ello, necesita garantizarse espacios de impunidad, lo cual encontramos también, que implica el financiamiento directo de campañas electorales de alcaldes y diputados, para controlar esos territorios y corredores con impunidad”. La visión de los investigadores de la Red es que ha cambiado la condición de la actuación narco. “Desde hace algún tiempo, se decía que los narcos operaban donde no había presencia del Estado, eso tampoco no es una realidad en el istmo, los narcos y el crimen organizado también operan donde hay presencia fuerte del Estado y sus instituciones, porque han penetrado, sobre todo más en algunos países del ‘Triángulo Norte’, a oficinas e instancias oficiales de poder a través de la corrupción pública establecida en los sistemas con débiles controles de fiscalización”, observó el consultor en seguridad. “La amenaza de los narcos ya no es una amenaza sectorial, como las plagas suelen ser para el Ministerio de Agricultura, sino que son problemas que amenazan la existencia misma de los Estados Democráticos de Centroamérica, de ese tamaño es la amenaza, sobre todo para el Triángulo Norte, que integran El Salvador, Honduras y Guatemala”, dijo, reiterando que los niveles de violencia en esa zona son superiores al ‘Triángulo Sur’ del istmo. “Definitivamente, en esos tres países de ese Triángulo Norte son mayores que los del Triángulo Sur, que integran Nicaragua, Panamá y Costa Rica, superando incluso a ciudades más grandes de América Latina, las cifras de asesinatos o muertes violentas por cada 100,000 habitantes”, precisó. “El promedio latinoamericano es de 18 por cada 100 mil habitantes, Nicaragua está en 13, Costa Rica y Panamá, están en 11, por debajo de la media, pero en los tres países del Triángulo Norte, las cifras en 2008, son tres veces por encima del promedio latinoamericano, solo en Guatemala, ascienden a 15 asesinatos diarios”, detalló el ex vicepresidente de Guatemala. Desunión de países favorece cárteles Un nuevo hallazgo del estudio es que ningún gobierno del área, por sí mismo, puede enfrentar al crimen organizado si no se reforma y se alía sólidamente a los otros miembros de la región, ya que mientras el narco se organiza a nivel internacional, los gobiernos se atomizan a nivel local. Contrario a los gobiernos y a sus instituciones de la región, el crimen organizado opera más allá de Centroamérica, bajo el fenómeno de “la hamaca”: “Centroamérica soporta el peso del centro, pero los narcos están sólidamente agarrados en sus extremos de la zona de la mayor producción de coca del mundo, que son los países andinos, y del mayor mercado consumidor del mundo, que son los estados del Norte: Estados Unidos, México y Canadá”. El estudio señala que el 90% de la droga que ingresa por Estados Unidos, pasa por territorio centroamericano. “Una buena parte llega por nuestras amplísimas costas, que una vez en tierras, pasan por las otras vías de comunicación. Todo eso supone una complejísima red de comunicaciones, logística, transporte, custodia, bodegas, redes sociales. Sin una estructura similar a esa, no hay competencia económica posible contra estas organizaciones criminales”, advirtió Stein, quien se encuentra convencido de que los planes y políticas de uso de fuerza son ineficaces sin otras políticas de inversión social. Mejor invertir en prevención “La experiencia salvadoreña de mano dura y súper mano dura, parece no haber dado resultados positivos. Hasta ahora la experiencia regional, la lección que nos brinda, es que nos va mejor, aunque tarda un poquito más, la inversión en prevención. Es muchísimo más barato y eficaz invertir en prevención, que en la persecución criminal”, señaló. “No es que sea innecesario el uso de la fuerza, pero los resultados son dudosos, pero la prevención supone un trabajo concertado, requiere organización y precisión. Es la combinación de ambas que da resultados, ofreciéndole resultados de educación y de trabajo a los jóvenes”, precisó. Un último hallazgo importante del estudio, revelado por Stein, es la necesidad de los países de invertir “en serio” en los aparatos de justicia, reformas policiales y sistemas penitenciarios. “El Salvador logró comenzar a reducir sus índices de homicidios, porque empezó a elevar los requisitos de contratación de policías, es el país que más alto nivel académico requiere para integrar la Policía, ha puesto el nivel de bachillerato, incluso más alto que Costa Rica, pero también hay lecciones que aprender entre nosotros”, ejemplificó. Nicaragua y su Policía admirada “El caso de Nicaragua es admirable. Es quizá la Policía más sana de la región, tiene los índices de corrupción más bajos, es una Policía muy cercana a la comunidad, en países como el mío la práctica es al revés, se piensa que para que el policía no incida en su círculo familiar y social, se le traslada a otras zonas lejanas, donde se le ve como un extraño, un intruso que no se gana la confianza de la comunidad”, comparó Stein. “La Policía nicaragüense ha sabido identificar que muchas de las fuentes de ilícitos o de violencia criminal, vienen de no haber resuelto problemas de exclusión y de pobreza extremas. Por eso es que parece sorprendente que cuando los embajadores y responsables de la cooperación internacional le han pedido a la jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, que les diga qué es lo que necesita, ella contesta que en vez de armas, helicópteros o equipos de seguridad, que piden los otros jefes de Policía del área, ella pide que se invierta en las comunidades pobres para evitar que se fomente más pobreza extrema, que es la condición de donde más se nutren el crimen organizado y la inseguridad ciudadana”, elogió el estudioso. Para el investigador, uno de los mayores desafíos de los países de la región para enfrentar el crimen organizado, es fortalecer sus sistemas de fiscalización, mejorar la transparencia y reformar y homologar los órganos de seguridad y vigilancia. “Mientras no mejoremos los mecanismos de transparencia y entrega de cuentas públicas en las instituciones del Estado, será más difícil combatir al crimen organizado, porque las mafias buscan esos esquemas de corrupción a su favor”. “Señalamos dos temas en particular: el lavado de dinero y el papel y desempeño de las contralorías. Estamos convencidos de que transformando el funcionamiento de las contralorías, se puede llegar a identificar desde lo regional, acciones ilícitas transfronterizas que las contralorías pueden identificar y desmantelar”, observó. A su criterio, otro ámbito importante es el fortalecimiento de la justicia: “No es posible resolver la inseguridad ciudadana ligada al crimen organizado, si no se fortalece en serio el aparato de justicia en algunos de los países donde ya están penetrados los narcos, pero eso pasa por fortalecer y por reformar a la Policía y al Sistema Penitenciario, si no se acometen los tres al mismo tiempo, por alguna de las patas de ese trípode se nos desbalancea el esfuerzo”. Penitenciarías al servicio de narcos Dijo que ya ha demostrado en los países del Triángulo Norte, que se usan los penales y centros penitenciarios como sedes y bases de operaciones de extorsión, soborno, secuestros y órdenes de asesinato. El experto señaló que aparte de la falta de unidad entre los países para combatir el crimen organizado, se requieren mayores controles sobre las armas que circulan en la región. Y aquí cae otro viejo mito. “Se ha ahondado mucho que la abundancia de armas en Centroamérica es herencia de los conflictos armados de hace 25-30 años. Eso dejó de ser verdad hace muchos años. En la región están circulando armas nuevas y sofisticadas y no solo los viejos fusiles de guerra, quizá por la legalidad de las permisivas leyes nuestras que nos permiten armarnos o por la ilegalidad, porque los consorcios criminales internacionales se las aseguran en el mercado negro internacional”, dijo. De acuerdo con el estudio, hay 1.6 millones de armas ligeras en la región, de las cuales 500 mil están legalmente registradas y el resto vienen del mercado negro. Una de las propuestas del estudio es que hay que homologar las leyes de seguridad de todos los países miembros del istmo. “Tenemos leyes muy distintas de país a país, en algunos países el Ejército no tiene más compromiso legal que el cuido de fronteras y la seguridad de puntos estratégicos. En Nicaragua, por ejemplo, la legislación le ha dado responsabilidades muy amplias que según vi en la ley, hasta tienen el cuido del subsuelo y temas de desarrollo, cosa que en ningún otro país existe, lo pongo como modo de diferencia, por así decirlo, con Guatemala”. “Allá la Constitución vigente desde 1985 le dijo a las fuerzas de seguridad que no podían capturar o detener a nadie después de las 6 de la tarde ni antes de las 6 de la mañana, eso les da una total impunidad de doce horas a los delincuentes para hacer de las suyas, y esa ley se hizo para la protección de los derechos humanos ante los abusos de la época de guerra, pero esa ley de protección a los derechos humanos es ahora un impedimento para la protección ciudadana y sus derechos humanos, porque las fuerzas de seguridad no pueden actuar por doce horas”, dijo Stein a modo de ejemplo de las disparidades entre las legislaciones de uno y de otro país en sus planes contra el crimen organizado. EU no da el “gran respaldo” A criterio del experto en temas de seguridad, Eduardo Stein, el gobierno de Estados Unidos no da el apoyo suficiente a la región en su lucha contra el crimen organizado, pese a que como principal mercado consumidor de drogas, es co responsable del problema. “¿Es suficiente? No. Yo, la Red, opinamos que no es suficiente en comparación con lo que ya invirtieron en Colombia y en México, pero hay que analizar qué es suficiente en materia de cooperación, porque en algún momento del pasado reciente, hemos visto cooperaciones externas de toda buena intención, que han venido a crear dificultades que no se tenían”. La Iniciativa Mérida de Estados Unidos es un plan de asistencia a México y a Centroamérica, con el fin de combatir el fenómeno, sin embargo, Washington dotó originalmente a México de 500 millones de dólares en octubre de 2007, y enteró apenas 50 millones entre los siete países de Centroamérica. “Solo lo que se mudó del lavado de dólares de México a Centroamérica a raíz de la guerra que entró en vigencia con el Plan Mérida, es cercano a los 6 mil millones de dólares, o sea, por lo menos unas ocho veces lo que dedica cada país al combate contra el crimen organizado. Con esos recursos, no hay posibilidades de ganarle la batalla al narco por la vía del enfrentamiento directo”.