La discrecionalidad con la que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha actuado en asuntos de compras públicas, se resume en los casi 12 mil millones de córdobas que la Contraloría General de la República aprobó en exclusiones de procedimiento en 199 sesiones, que se celebraron entre febrero de 2007 y febrero de 2011. La información de las exclusiones de procedimiento que otorgaron los colegiados, hoy con períodos vencidos, se encuentra detallada en el sitio web del ente fiscalizador. Ahí se da fe que desde febrero de 2007, hasta febrero de este año, autorizaron contratar y comprar directamente por la suma de 11 mil 757 millones 699 mil 959 córdobas.
Los informes de la Contraloría dejan ver que en los últimos dos años de la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001) y los cinco años de Enrique Bolaños (2002-2006), la entidad fiscalizadora aprobó un total de 4,645.7 millones de córdobas. La diferencia entre lo aprobado durante la administración de Alemán y la de Bolaños juntos, y los cuatro años de Ortega, en el poder, es de 7 mil 111 millones 999 mil 959 córdobas. Las exclusiones aprobadas por la CGR superaron los C$ 3,500 millones en 2007 y los C$ 3,300 millones en 2008. En 2009, las autorizaciones disminuyeron, en un contexto cuando publicaciones de EL NUEVO DIARIO revelaron actos de corrupción vinculados con la enorme discrecionalidad que el ente fiscalizador brindaba a la actual Administración, con C$ 7,100 millones aprobados y acumulados en ese año para contratarse sin licitación, en dos años y dos meses. La información oficial de la CGR indica que en todo 2009 los colegiados aprobaron compras y contrataciones por un mil 914 millones 832 mil 238 córdobas, los cuales sumados a los 7,011,000,00 de córdobas de 2007 y de 2008, totalizan 8 mil 925 millones 832 mil 230 córdobas en tres años. Se dispararon en su último año “No hubo gran variante en nuestro actuar como Contraloría, lo único que hicimos fue mandar a licitar lo que se podía licitar y dar el aprobado (de exclusión) a lo que irremediablemente debía contratarse de esta manera”, dijo el ahora presidente de facto, Guillermo Argüello Poessy, al consultarle por la notable disminución en las exclusiones aprobadas en 2009. Sin embargo, en 2010, en medio de un intenso debate sobre una transformación al sistema de compras públicas, que culminó con la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley 737, los colegiados decidieron retomar su complacencia y sumaron en ese período 2 mil 831 millones 867 mil 719 córdobas más para compras al Estado. Deseo cumplido Las críticas de diversos sectores a la complacencia de los colegiados con el gobierno de Ortega, a quien le permiten la gran mayoría de las solicitudes de exclusión, provocaron que estos reclamaran que se les liberara de esa responsabilidad. Entre los argumentos más recurrentes de los colegiados estuvo siempre que se trataba de “un proceso difícil” que debería corresponder al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no a ellos, que son los fiscalizadores del buen uso de los recursos del Estado. “Una de dos: o reforman la Ley de Contrataciones quitando de ella una serie de absurdos o procedimientos obsoletos, ridículos, o nos quitan a la Contraloría esa responsabilidad que tanto nos ha pesado por las constantes críticas de los medios de comunicación y otros sectores”, sostuvo siempre el presidente inconstitucional de la CGR, Guillermo Argüello Poessy “Cambien la Ley (323)”, dijo por su lado el colegiado oficialista Luis Ángel Montenegro, cuando habló del tema. Y ese clamor fue escuchado en octubre del año pasado, cuando luego de meses de debate público y privado, los diputados ante la Asamblea Nacional, aprobaron la “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, Ley 737, que fue promovida por el presidente Ortega, y por medio de la cual se trasladó la facultad de las exclusiones, licitaciones y contrataciones a la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE, del Ministerio de Hacienda.
Récord en cinco meses Esa norma entró en vigor el 9 de febrero de este año y desde entonces los colegiados no tienen nada que ver con el tema, pues su trabajo se remite a revisar los contratos que aprueba la DGCE. Entre la fecha cuando se aprobó la nueva ley y su entrada en vigencia, se registraron la mayor cantidad de millones con luz verde en menos tiempo, para aprobarse sin licitación pública, pues se sumaron 1 mil 556 millones 689 mil 762 córdobas en menos de cinco meses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario