Contralores estarán mañana en Comisión de Probidad

Los contralores con períodos vencidos decidieron ayer, en una sesión extraordinaria, asistir como cuerpo colegiado a la cita que tienen pendiente con la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, mañana 25 de mayo, para abordar los casos de corrupción denunciados por EL NUEVO DIARIO y otros medios de comunicación. “Iremos todos, es la decisión que se tomó, y a mi parecer la más saludable”, dijo el titular de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, al salir de la sesión. Hasta hace unas semanas, el titular de la entidad fiscalizadora habría advertido de la posibilidad de asistir solo a la cita, pues no había disposición de todos sus colegas de acompañarle. Indicó que ayer se reunieron de manera extraordinaria con el fin de conocer el estado de cada uno de los casos, que fueron mencionados por la presidenta de la Comisión de Probidad, Miriam Argüello, en la carta que les hizo llegar semanas atrás, citándoles, para comparecer ante ellos. La agenda de la entrevista se mantiene firme, tal como se gestionó, destacando como primer tema a aclaración, el caso de los 407 millones de córdobas que el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, ordenó sacar de las arcas del Poder Electoral entre 2004 y 2008, bajo los argumentos de “anticipos a justificar”. La propuesta de Argüello se basó en una investigación de EL NUEVO DIARIO, en febrero, donde se determinó que Rivas y un grupo de funcionarios de su círculo de confianza, soportaron la emisión de cheques hasta por 407 millones de córdobas, mediante la falsificación de documentos, sellos, facturas y compras fantasmas a negocios inexistentes, para justificar las transacciones ilegales del dinero estatal. Otros puntos a tratar, de acuerdo con la agenda propuesta por la Comisión de Probidad, es el análisis del papel de la CGR en la autorización a Rivas de pagar como deuda pública un préstamo personal de 38 millones de córdobas del presidente electoral, Roberto Rivas, sin que este presentara las evidencias del uso y destino de los fondos, que el Ministerio de Hacienda asumió como deuda pública. También destacan el caso de la Dirección General de Ingresos, DGI, cuyos primeros indicios de corrupción fueron dados a conocer por este medio, y que desembocaron en la caída de su director, Walter Porras, en abril pasado. “Tenemos más claro el panorama de cada uno de los casos por los que nos han invitado a llegar, y dejaremos claro nuestro actuar en cada situación”, indicó el colegiado.