El tema de la violencia pone sobre la mesa la situación del Estado y de la democracia nicaragüense. El país ha dejado de tener un Estado legal y se ha convertido en una sociedad con vestigios mínimos de legalidad.
Así lo analiza el doctor Sergio Cuarezma Terán, quien estima que “la institucionalidad por mandato legal ha dejado de ser; ahora las diferentes instituciones son una especie de finca personal de quienes las dirigen. Es tan grave el asunto que ya no estamos dependiendo de la norma, de las leyes, de la Constitución, para recibir respuestas como ciudadanos y usuarios del Estado; estamos dependiendo del humor con que se levantó el funcionario público para trabajar”.
De acuerdo con el magistrado Cuarezma Terán, quien aún no se integra a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para no legitimar los abusos y arbitrariedades que ahí se dan, “estamos en dependencia a decisiones arbitrarias, individuales, o pecuniarias (de quien ostenta el poder en cada parcela de las instituciones del Estado) para recibir respuestas administrativas o de justicia. Esto no puede ser, no puede continuar”.
CRIMEN ORGANIZADOAPROVECHA DESORDEN
Según Cuarezma Terán, quien es profesor de Derecho Penal e investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), el crimen organizado se ha dado cuenta que en Nicaragua no hay orden, y por tanto puede imponer sus intereses progresivamente con dinero y con violencia selectiva.
En ese sentido precisa que se ven de vez en cuando “ajustes de cuenta” entre miembros del crimen organizado, que no se han apoderado del país porque aún hay en el Ejército y la Policía gente que cree en la Nación y hace su trabajo con mística.
Analiza que la falta de institucionalidad provoca empobrecimiento, no hay orden ni un proyecto de Nación. Valora que la clase media está dejando de serlo para ser más una clase limitada.
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