Un enorme cartel con la imagen de Daniel Ortega saluda a las personas que entran en territorio de Nicaragua por la aduana EL Guasaule.
“Seguimos cambiando Nicaragua”, reza el letrero en contraste con el sofocante calor que impera en el decadente edificio donde funcionan las oficinas aduanales por la falta de aire acondicionado.
La profusión de las vallas con la imagen de Ortega que se repite a lo largo de carreteras, ciudades y poblados da la impresión de que el ex comandante guerrillero es el único candidato de las elecciones que se practicarán el próximo seis de noviembre.
El Frente Sandinista promueve la reelección de Ortega como Presidente, a pesar de que la Constitución de Nicaragua lo prohíbe, acusan sus adversarios y diferentes sectores. En la contienda también participa la derecha política dividida entre el Partido Liberal Independiente, PLI, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. El PLI promueve la candidatura del empresario Fabio Gadea y el PLC la de Arnoldo Alemán, a quien la Suprema Corte de Justicia habilita para ser candidato luego de haber sido procesado en el pasado por escandalosos hechos de corrupción y apropiación indebida.
Hay otros dos candidatos que participan dentro de los “partidos cascarones”, como los llama Arnoldo Alemán. Está el diputado liberal disidente y exdirigente de la “Contra”, Enrique Quiñónez Tuckler, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. Completa la lista una fórmula integrada por el ex ministro de Educación, Miguel Ángel García y la pastora Elizabeth Rojas, de las Asambleas de Dios.
Todos decidieron participar aún sabiendo que en estas elecciones “la música la pone Ortega”, según ha dicho Quiñónez.
La sartén por el mango
Es un país donde, como dijo un periodista, descubrir los entretelones de la campaña resulta un tanto complicado. El pueblo de Nicaragua debe optar por los candidatos en cuestión, aunque las encuestas ponen como el de más posibilidades de triunfo a Daniel Ortega por el control que mantiene en las instituciones del Estado.
La situación es diferente a cuando Nicaragua inspiró con su Revolución a los pueblos de América a fines de la década del 70.
Esta vez, el “bono solidario” y las empresas ALBA son las que van a definir las elecciones, aseguran muchos observadores. La inversión de Venezuela por medio de el ALBA en Nicaragua es efectivamente millonaria: son más de doce empresas que Ortega maneja a discreción, dice el economista Carlos Fernando Chamorro.
“Esto le permite tener la sartén por el mango a Ortega, que además tiene el control del Consejo Supremo Electoral y de todos los recursos del Estado para su campaña”, agrega.
El bono solidario consta de aproximadamente 50 dólares mensuales que no se ligan al salario, pero que se cobran efectivamente y llega a todos los trabajadores públicos. Son aproximadamente 400,000 personas que todos los meses reciben esta suma, producida por las utilidades de las empresas ALBA.
Ortega ha endulzado a los pequeños productores con programas habitacionales y ha hecho algunas mejoras en los sistemas de la salud y la educación.
En uno de los países con mayores índices de pobreza, estas propuestas sin dudarlo hacen que la gente vea en el Gobierno las salidas de sus problemas.
El capital y sus dueños no tienen ningún problema en Nicaragua; los salarios de los trabajadores privados y públicos son miserables, pero no pasa nada, el capital no se toca, la redistribución de la riqueza no es tema de campaña.
La banca se ve sólida, en una plaza financiera que cada vez embolsa más réditos, al punto de que el FMI catalogó al país como el mejor calificado de toda la región por su corrección fiscal.
Esto y el fraccionamiento de la derecha favorecen a Ortega, pero aún faltan seis meses para las elecciones y hay una expectativa en el país de si el PLI logrará convertirse en la verdadera alternativa de la oposición y atraer a los indecisos.
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