La instalación de siete conjueces para la integración de la “Corte Plena” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que además continúan dos ex magistrados orteguistas a quienes se les venció el cargo desde abril pasado, es una muestra más del “grave drama de este país que está entre el colapso de las instituciones y las instituciones de facto”, pero esto no durará en beneficio del presidente Daniel Ortega, según el jurista Alejandro Serrano Caldera.
El filósofo y también ex presidente de la CSJ, advirtió que “a la larga ningún sistema puede estabilizarse ni avanzar con una situación anómala y perpetuada”, como la que el partido de Gobierno ha creado en los poderes del Estado como la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, para buscar cómo garantizar la reelección presidencial de Ortega.
Sin embargo, criticó que la crisis actual también demuestra “la incapacidad de la Asamblea Nacional en su deber de nombrar a los 25 funcionarios a quienes ya se les venció el período”, que a su juicio es el origen de la crisis más reciente en el país, a pesar de la cual los diputados siguen en receso.Serrano Caldera aseguró que las condiciones que el Frente Sandinista está creando en el tribunal de justicia con “una Corte Plena a su medida” beneficiará a corto plazo las intenciones de reelección de Ortega, “porque no se nombra el relevo de los magistrados y él tiene control del Gobierno, del partido en el poder y de las instituciones que están a su medida y así gana la partida política porque lo que está le da mayoría”.
Pero advirtió que esto no durará porque “a ningún gobierno le conviene que haya un colapso institucional, una situación de facto o que los procesos de los poderes del Estado pierdan legalidad y absoluta legitimidad interna y externa”.
Serrano no omitió que en esta crisis también es evidente “la absoluta incapacidad del sector político nicaragüense para resolver este problema, porque la Asamblea de alguna manera responde al juego de las fuerzas políticas que constituyen las diputaciones y las bancadas”.
“Entonces —analizó— vemos una crisis de la Corte Suprema, pero que también es una crisis de muchas instituciones del Estado y una crisis de la Asamblea y de los partidos políticos en Nicaragua, una crisis general”.
SIN SEGURIDAD JURÍDICA
Para el diputado liberal y presiente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, la instalación de cinco conjueces orteguistas y dos liberales en la “Corte Plena” de la CSJ, deja al país sin ninguna seguridad jurídica porque la integración ilegal de un tribunal lo coloca en una nulidad absoluta y perpetua.
“Si en la institución de la cosa juzgada no existe seguridad jurídica porque los juicios no tienen fin, se vuelven conflictos permanentes, indefinidos, entonces nadie puede estar seguro sobre su derecho”, explicó Pallais, tras señalar que, en caso de que esta “Corte Plena” ilegal emita alguna sentencia, a quien sea que beneficien “no le están haciendo un favor, sino causando un perjuicio, porque ya no va a beneficiarse de la cosa juzgada”.
Agregó que “la cosa juzgada es lo que cierra la losa sepulcral, que cierra el conflicto (y) al no existir esa institución, al no existir esa losa, el conflicto sigue abierto indefinidamente”.
Según Pallais, “lo que está ocurriendo en la Corte es una barbarie, un golpe de Estado, una ruptura del orden democrático”, pues se lleva al país “a un caos jurídico, se vuelve a la ley de la selva, ya no es éste un país civilizado ni democrático”.
El funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, es del criterio que con toda esta situación “se está vulnerando, se está debilitando esa seguridad jurídica”. Darce coincidió en que al constituir de forma ilegal una sala o la Corte Suprema de Justicia con un procedimiento totalmente inconstitucional o ilegal, cualquiera puede alegar posteriormente que esos hechos son ilegítimos.
CONVOCATORIA ILEGAL
El ex presidente de la CSJ, Serrano Caldera, añadió que “obviamente” la convocatoria y selección de los siete conjueces impuestos para reemplazar a los magistrados liberales (activos y vencidos, pero no a los otros dos vencidos del FSLN) “es ilegal porque los conjueces están establecidos en la Constitución y en la legislación nicaragüense con el objetivo de suplir la ausencia de algún o algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando estén recusados o implicados”, y éste no es el caso.
Destacó que lo más grave es que la ley manda que los conjueces sean llamados por la Corte Plena y, en este caso, lo que ocurrió fue que una Corte Plena que no existe seleccionó al azar a cinco magistrados orteguistas y dos liberales para reemplazar a magistrados liberales legalmente electos y, aún más, dejando activos a dos magistrados orteguistas que terminaron su período hace tres meses y medio.
El abogado Sergio García Quintero opinó que la instalación de los conjueces es “gravísima” porque el tribunal Supremo debería ser un ejemplo para las otras instancias del Poder Judicial, como los Tribunales de Apelación y los jueces.
“Sin embargo actúan en consonancia, desnaturalizando sus funciones y mostrando su corrupción cuando sirven como turbas, con garrotes y piedras, como lo hemos visto”, dijo García Quintero, para recordar la marcha que encabezó el ex magistrado del FSLN, Rafael Solís, en abril pasado y que concluyó con un ataque a las instalaciones de un hotel de la capital.
El abogado Gustavo García opinó por su parte que “cualquier acto que realice la Corte con los conjueces es ilegal, inexistente, nulo (...) porque hay una violación a la Carta Magna”. “Estos señores usurpan funciones porque están incorporados ilegalmente”, criticó.
Darce por su parte agregó que la Asamblea Nacional debe elegir ya a los funcionarios.
Pallais anunció que mañana, cuando los diputados regresen de sus vacaciones al parlamento mientras la dictadura orteguista avanza, buscarán una reunión con los jefes de bancadas para promover otra vez la derogación del decreto 3-2010 y también recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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