Magistrdos sandinistas de la Corte Suprema en narcocamionetonas

MANAGUA._
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Manuel Martínez Sevilla, no sólo admitió que el Poder Judicial cada vez está más “corrupto y politizado”, a como afirma el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino que también afirma que es testigo de dicha corrupción en el Supremo Tribunal.
“No lo digo yo, lo dijo el viceministro de Gobernación (Carlos Nájar), que (los jueces) sacan a los narcotraficantes, parece que hay reales de por medio, que se roban los reales que decomisan, que andan en vehículos de los narcos, esas cosas dan de qué hablar; aquí yo soy testigo. Vos mirás al doctor Solís (Rafael), anda en una camioneta de un narco, el doctor (Francisco) Rosales anda en otra; creo que doña Alba Luz (Ramos) anda en otra, es decir, son detalles, pero no debieran darse, por dignidad personal, por ética, por autoestima”, señaló el magistrado Martínez.“El Poder Judicial de Nicaragua se mantuvo altamente politizado, corrupto y susceptible de manipulación por las élites políticas y la delincuencia organizada y por lo tanto sigue siendo una vulnerabilidad que podría ser aprovechada por grupos terroristas internacionales”, indica el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
MÉNDEZ DESPOTRICA CONTRA LOS EE.UU.
“No los aceptamos como jueces”, dijo la magistrada del régimen orteguista, Juana Méndez. “Ellos (Estados Unidos) son los más grandes terroristas y asesinos del planeta, son los que van a eliminar poblaciones enteras, como en Irak”, agregó Méndez.
Méndez justificó el hecho de que magistrados orteguistas de la CSJ utilicen vehículos ocupados al narcotráfico.
Señaló que todos los bienes incautados al narcotráfico son distribuidos entre diferentes instituciones del Estado, como la Policía, el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta los bomberos, aunque no especificó cuál de las dos instituciones que existen en el país. La CSJ queda como depositaria de algunos vehículos incautados, los cuales antes se dañaban porque no eran utilizados, pero ahora se les da uso, explicó Méndez.
Indicó que con los últimos acontecimientos en la CSJ, donde los magistrados orteguistas convocaron de manera ilegal a conjueces, se corrobora la politización profunda que existe en ese poder del Estado. “El orgullo de ser magistrado de este Supremo Tribunal se le ha caído a uno, no sólo por lo que opinan afuera, sino por el comportamiento aquí a lo interno”, manifestó.
En el caso de los vehículos incautados a narcos, y que utilizan jueces y magistrados, Martínez indicó que el procedimiento correcto es subastarlos, y luego destinar el dinero a los centros penitenciarios y hacer mejoras para los presos.
Agregó el magistrado liberal que otra alternativa es enviar ese dinero de los bienes subastados a la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, para que se rehabilite a los drogadictos. “La ley es clara en eso”, expresó Martínez.Cuando a un magistrado se le dañaba el vehículo, antes la CSJ mandaba a alquilar otro, pero ahora se utilizan los incautados, agregó la judicial del régimen. “En eso no hay nada de corrupto”, justificó Méndez.



La magistrada orteguista también aseguró que su partido siempre ha castigado a todos los funcionarios rojinegros cuando se ha puesto en duda su transparencia.



Méndez mencionó tres casos. Uno de éstos, cuando renunció el ex magistrado orteguista de la CSJ, Rogers Camilo Argüello, por el caso de los 609 mil dólares que eran del narcotraficante Jorge Eliécer Hernández o Luis Ángel González Largo, y en el que también se mencionó al magistrado Manuel Martínez. Sin embargo, a Méndez se le olvidó decir que en el 2006 otros dos magistrados del orteguismo, Rafael Solís Cerda y Francisco Rosales, ordenaron la libertad de González Largo, la de su esposa y una nicaragüense, todos implicados por lavado de dinero y con presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. Rosales sigue como magistrado y Solís usurpa esa función.
En esa ocasión, sólo el magistrado liberal Iván Escobar Fornos discrepó de la decisión de sus colegas y expresó que la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones (TAM) actuó conforme a derecho, al haber revocado las órdenes de libertad que había emitido el juez ejecutor Moisés Rodríguez, porque el caso de González Largo estaba apelado en esa sala.
En el caso de los 609 mil dólares, hubo una serie de maniobras que hicieron funcionarios del sistema judicial, para sacarlos de una cuenta de la CSJ.
Méndez resaltó también la destitución del ex magistrado del TAM, Enrique Chavarría, en un caso donde estaban involucrados magistrados liberales, pero estos últimos no fueron destituidos.
Y por último, Méndez señaló el caso de la ex juez Flavia Solís, destituida por liberar a un narco, en un caso donde también estaba señalada la ex juez Vanesa Chévez, quien ahora es asesora del magistrado Antonio Alemán.
“Nosotros demostramos con ejemplos que estamos en la lucha contra el narcotráfico y atacamos severamente todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y con el narcotráfico específicamente”, dijo por su parte la magistrada Alba Luz Ramos.
Méndez señaló que el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos es errado, porque en Nicaragua no hay prácticas de terrorismo, mientras que en Estados Unidos se practica el terrorismo “político”. Ella agregó que en Nicaragua lo que existe es el crimen organizado, y que en el Poder Judicial existe una política severa de combatir todos los delitos que son parte de esa familia conocida como crimen organizado.