Por Francisco Jara SAN JOSÉ._La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, cumplió este domingo tres meses en el gobierno, enfrentada a las universidades públicas, presionada para que prohíba un proyecto minero canadiense y sin haber cumplido su principal promesa de campaña: elevar los niveles de seguridad.
Heredera política del anterior presidente, Oscar Arias (2006-2010), Chinchilla inició el 8 de mayo un mandato de cuatro años tras ganar por amplia mayoría los comicios de febrero, convirtiéndose en la primera mujer que gobierna la más antigua y estable democracia de América Central.
Pero diversos conflictos sociales han estallado en el país en las últimas semanas y la mandataria debe lidiar con ellos con recursos exiguos, debido al elevado déficit fiscal que heredó de Arias, en torno al 5% del PIB.
"La administración tiene un serio problema: han surgido luchas sociales y el Estado ya no tiene como expandir el gasto (como lo hizo Arias), porque las arcas están vacías", dijo a la AFP la analista y economista Roxana Morales.
"Gran parte (del problema que enfrenta Chinchilla) puede ser la (escasez de) plata, pero también hay un problema en que hay demasiados intereses que están en la lucha y muchos piden que se les solucionen sus demandas", agregó Morales, académica de la Universidad Nacional.
La mandataria enfrenta una pugna con los rectores de las cuatro universidades públicas de Costa Rica, incluida la Nacional, quienes el viernes declararon "roto" el diálogo con una comisión de cuatro ministros sobre el aumento del financiamiento a la educación superior.
Las universidades iniciarán paros este martes con el fin de presionar por un aumento de 11% en el presupuesto, cifra que el gobierno considera excesiva, alegando que la matrícula sólo ha aumentado en 3% anual.
Otros frentes que acaparan la atención de Chinchilla son el ambiental y el de seguridad, en un país donde el crimen organizado y los narcotraficantes han incrementado sus acciones, según admiten las autoridades.
Una campaña de ecologistas llevó a Chinchilla a anunciar que prohibirá la explotación minera y petrolera en el país con el fin de proteger el ambiente, pero esto no calmó a los activistas, que exigen que le quite el permiso al proyecto Las Crucitas, una mina de oro de capital canadiense.
El rechazo a este proyecto minero es prácticamente unánime en Costa Rica, pero Chinchilla no le ha quitado la autorización porque el fisco tendría que indemnizar a la compañía canadiense en 1.700 millones de dólares.
Mientras tanto, sigue pendiente la promesa de Chinchilla de mejorar los índices de seguridad, pues se ha topado no sólo con la escasez de recursos para sacar más policías a las calles, sino también con deficiencias dentro de la Fuerza Pública, incluido un exorbitante número de licencias por enfermedad.
En este país que abolió la fuerzas armadas hace seis décadas también hay escasez de recursos para custodiar las aguas del Caribe y el Pacífico, que son usadas por carteles que trasiegan drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica.
El Congreso, dominado por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata) de Chinchilla, aprobó hace un mes el ingreso al país de una flota de 46 buques de guerra estadounidenses para patrullaje contra los narcos.
Este permiso fue apelado por un partido opositor ante la Corte Constitucional, que dirá la última palabra sobre la llegada de esa flota de guerra a este país que ha desarrollado múltiples campañas en favor del desarme.
Abogada de 51 años, Chinchilla tuvo el primer conflicto de su gestión con el Congreso, pues el primer proyecto que presentaron los nuevos diputados apenas asumieron sus escaños en mayo estaba destinado a subirse sus salarios en 80%.
Este aumento salarial, repudiado por la ciudadanía, fracasó debido a que Chinchilla anunció que lo vetaría, luego de consumir un mes de los debates del Congreso.
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