MANAGUA
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) advirtieron ayer que no aceptarán, bajo ningún supuesto, que se considere integrar las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con conjueces, quienes pretenden sustituir hoy a magistrados que fueron electos por la Asamblea Nacional.
En un comunicado conjunto, Cosep y Amcham demandaron ayer que “se exija que todos los Poderes y funcionarios públicos actúen conforme el principio de legalidad y no se atribuyan mayores funciones que la que les otorga la Constitución Política”.
Esto “es indispensable para fortalecer la democracia, la observancia de la primacía de la Constitución Política, por entenderse que la Carta Magna es la norma jurídica superior del ordenamiento legal vigente del país”, explicaron.
Las organizaciones empresariales enfatizan que la Suprema Corte debe ser integrada por 16 magistrados, no por conjueces, como tratan de imponer los magistrados del gobernante Frente Sandinista (FSLN) que buscan la forma de garantizar al presidente Daniel Ortega la reelección, a pesar de la prohibición clara de la Constitución.
“Así que cualquier intento administrativo que pretenda integrarla (a la Corte) permanentemente con los conjueces, conllevaría a nuestro criterio a una mayor crisis en el Poder Judicial, lo cual atentaría flagrantemente contra nuestro sistema democrático”, señalaron el Cosep y Amcham.
RESPETO A LOS PODERES
Los magistrados sandinistas de la CSJ decidieron la semana pasada convocar a los conjueces para el día de hoy lunes, con lo que, según ellos, resolverán la crisis interna que enfrenta el Poder Judicial y podrán integrar sus diferentes salas.
Para las dos organizaciones empresariales, el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho debe sustentarse necesariamente en el respeto a la división de poderes.
Afirman que de esta manera se garantizará la independencia y la coordinación armónica entre los poderes del Estado, y se evitará la instrumentalización del Poder Judicial con fines político-partidarios.
El Cosep y Amcham agregan que “la crisis institucional actual en la Corte Suprema de Justicia evidencia la necesidad de que se apruebe un procedimiento para la integración de los conjueces, lo cual debe hacerse a través de una ley, como lo ha contemplado la Comisión de Justicia, en el dictamen favorable del proyecto de Ley de Conjueces; por lo que consideramos que debe procederse a aprobar por la Asamblea Nacional”.
ORTEGA HIZO LA PRIMERA VIOLACIÓN
La enlace de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, está de acuerdo con el pronunciamiento de los empresarios, pero señaló que ambas instituciones deben ser más contundentes, en el sentido de asumir un papel como nicaragüenses, no como empresarios, de defender sólo los intereses económicos de los grandes empresarios.
“Al igual que estas organizaciones empresariales, también estamos demandando el respeto a la Constitución, y la no partidarización de las instituciones del Estado”, dijo Molina, quien hizo un llamado a la población a no permitir este atropello a la Constitución, pues con la incorporación de los conjueces lo que hacen es lacerar a la democracia y la institucionalidad, irrespetando la gobernabilidad en el país.
La enlace de la Coordinadora Civil afirmó que la primera violación se dio cuando el presidente Daniel Ortega emitió un decreto para mantener en sus puestos a funcionarios que ya tenían vencido su período.
Añadió que la Corte Suprema de Justicia tampoco puede erigirse como la Asamblea Nacional, porque los diputados son los únicos que pueden nombrar a los nuevos magistrados que conformarán las Salas de la Suprema Corte.
“Mucho menos pueden convocar conjueces y quitarles el trabajo a los magistrados que sí fueron electos por la Asamblea Nacional, y que no se les ha vencido su período. Hacer esto va contra la ley”, expresó Molina.
URGE ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS
Los empresarios expresan en su comunicado que, por las circunstancias y la necesidad de contar con estabilidad política en el país, “es imperioso proceder a la brevedad a realizar los nombramientos de todos los funcionarios públicos pendientes a la fecha, en la forma, plazos y procedimientos que establece la Carta Magna en sus artículos 138,154, 164 y 172”.
Agregan que eso contribuirá a mejorar el clima de negocios, que el país exige para la promover la inversión y el desarrollo económico y social.
Además, hacen un llamado a los magistrados “a que puedan darle sostenibilidad al acuerdo en el marco de la legalidad, para superar la crisis de la Corte Suprema de Justicia, y que la misma pueda laborar con normalidad”.
Otra demanda del Cosep y Amcham es que se depongan actitudes de confrontación, para generar condiciones de seguridad jurídica y personal en el país, tan necesarias para la inversión nacional y extranjera.
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