MANAGUA
Doscientos millones de dólares podría ser la cifra que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) piensa invertir en la campaña electoral, de acuerdo con fuentes allegadas al partido de Gobierno, lo que la convertiría en una de las más caras de Nicaragua y que obviamente pone en desventaja al resto de participantes en los comicios nacionales.
No obstante, aunque otra fuente vinculada a la campaña electoral del Frente Sandinista opinó que 200 millones de dólares le parece una cifra exagerada para los gastos de propaganda electoral, y que debe verse con claridad cuáles son los componentes tomados en cuenta para establecer ese monto.
“A ver, hasta donde tengo entendido, se están disponiendo de al menos 50 millones de dólares, 200 millones me parece demasiado, pero depende que tomes en cuenta algunos aspectos, porque si por ejemplo vos sumás el bono solidario, que se paga con la cooperación venezolana y definitivamente es parte de la campaña electoral para reelegir al comandante (Daniel) Ortega, ahí sí fácilmente llegas a los 200 millones y más todavía”, comentó la fuente.
Esto implica que el alcance de esta millonaria inversión para ganar las elecciones debería de dividirse en dos ejes: el primero referido a la propaganda electoral como tal (afiches, camisetas, canciones, caravanas, actos populares, recorridos en los departamentos), y el segundo es el que está vinculado al clientelismo político, que es financiado con los recursos del acuerdo petrolero venezolano y fondos públicos (láminas de zinc, bono productivo, préstamos con intereses bajos, casas).
Ciego, sordo, mudo
- Para el diputado José Pallais, el papel del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el control de los fondos que invertirá sobre todo el partido de Gobierno será totalmente nulo, ya que no ven la disposición de estar pendientes de aplicar la ley, lo que se evidencia con situaciones tan sencillas como la falta de pronunciamiento ante el uso indebido que se hacen con los recursos del Estado, en los hospitales, escuelas, entre otras cosas.
Lo que dice la Ley Electoral
- El artículo 103 de la normativa electoral establece que los partidos políticos o alianzas podrán recibir donaciones de ciudadanos nicaragüenses o extranjeros, dentro de los montos, límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidas en esta ley.
Agrega que no podrán recibirla de instituciones estatales o mixtas, sean estas nacionales o extranjeras. Las donaciones de instituciones provenientes del extranjero se destinarán para la asistencia técnica y capacitaciones. El artículo 104 señala que los aportes privados directos deberán depositarse en cuentas especiales abiertas en bancos del Estado, si los hubiere, si no en instituciones del Sistema Financiero Nacional, por cada partido político o alianza de partidos. A este efecto, abrirán una cuenta para recibir los aportes destinados para centros de formación política y otra para campañas electorales. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones privadas anónimas, salvo las colectas populares y aportes provenientes de entidades autónomas o descentralizadas, nacionales, regionales, departamentales o municipales. En el primer informe de observación del Ipade, en una buena cantidad de municipios, hay un uso evidente de recursos estatales.
Los fondos de la cooperación venezolana que ha implicado una especie de “tabla de salvación” para la Administración Ortega a fin de mantener su demagogia populista, son manejados de forma discrecional, lo que ha motivado incluso que miembros de la cooperación internacional demanden transparencia en el manejo de los mismos.
Sin embargo, la orden de invertir los recursos que sean necesarios en la campaña del presidente Ortega se da porque a pesar de la división de los opositores y las posibles ventajas que puedan tener en la intención de voto, están conscientes de que hay un descontento que puede afectarles al momento de la votación, basados en la experiencia de 1990, cuando fueron derrotados por la Unión Nacional Opositora.
DIFERENCIA ABISMAL
El diputado liberal José Pallais afirmó que la cifra que manejaba que sería invertida por el partido de Gobierno para promover la ilegal candidatura del presidente Ortega es de entre 80 y 100 millones de dólares, pero que no le parece imposible el utilizar 200 millones, tomando en cuenta todos los componentes que ofertan para comprar el voto ciudadano, que va desde casas hasta bonos solidarios.
“Nunca nadie ha soñado ni se ha acercado siquiera al diez por ciento de esa suma”, precisó Pallais.
Señaló que en el caso de la alianza que encabeza el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el estimado a invertir es de unos seis millones de dólares, los que esperan captar a través de diferentes mecanismos como préstamos bancarios, contribuciones de candidatos, donantes y otras actividades que les permitan obtener recursos.
El parlamentario liberal estima que los fondos que el partido de Gobierno pretende invertir en su campaña son una situación de total desigualdad, aunque también deja al descubierto los malos manejos que hay en la actual Administración.
“Lo peor es que el manejo de esa cantidad de recursos es una expresión más evidente de la corrupción y de las dimensiones de la corrupción que campea en este Gobierno”, apuntó Pallais.
Por su parte, Edmundo Jarquín, candidato a la vicepresidencia por la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), expresó que uno de los problemas, es la confusión Estado-Partido, y aunque ninguna organización política en América Latina ha llegado a esa cifra récord, en la confusión que existe en Nicaragua sí están dadas las condiciones para que ello suceda.
“Es imposible diferenciar entre la publicidad gubernamental con la publicidad partidaria, pues eso resulta entendible, no justificable”, opinó Jarquín.
Otro de los aspectos que menciona para promover esa inversión es la incapacidad de convencer a la gente de que el FSLN es la mejor opción, “están tratando de imponer a fuerza de gastos, que intenta comprar conciencias”.
Añadió que a pesar de toda esa estrategia, estima que “todo será inútil”, debido a que la gente “después que reciba la limosna, al siguiente día se despertará con su realidad que no tiene empleo y salario”, el que quizás sí gozaba antes de asumir la Administración Ortega el mando en Nicaragua.
Los fondos que maneja el Gobierno y provienen de la cooperación venezolana están ligados al negocio del petróleo a través de PDVSA, instancia estatal del país sudamericano, que a su vez ha dado pie para la implementación de otros negocios de carácter particular de funcionarios sandinistas.
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