MANAGUA
La discusión de la nueva Ley de contrataciones del Estado entró en su cuenta regresiva en el parlamento, debido a que el oficialismo se impuso el plazo de aprobar un dictamen en septiembre próximo, confirmaron fuentes legislativas.
La prisa puede tener una explicación en un borrador fechado el pasado 30 de junio, cuya autoría los liberales adjudican al presidente de la comisión, el sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Según expertos consultados, la movida oficial busca darle un jaque mate a la Contraloría General de la República (CGR) y dejar abierta ventanas en las que puedan enriquecerse los socios de empresas de las llamadas de maletín, ligadas a intereses de la cúpula gubernamental.
Finalmente, tras meses de consultas, los diputados oficialistas le quitan la facultad de aprobar exclusiones de procedimientos a la CGR que permitió la contratación directa de 407 millones 435 mil 971 dólares con 56 centavos en los primeros tres años del gobierno de Daniel Ortega.
Las exclusiones de procedimientos son un mecanismo extraordinario que deja la posibilidad a los ministerios de contratar sin obligarse a hacer un proceso de licitación en casos de emergencia, pero ahora será una atribución de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), adscrita al Ministerio de Hacienda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario