Un juzgado de EE UU suspende los artículos más polémicos de la ley de Arizona

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Las celdas que el sheriff Joe Arpaio había preparado para alojar a los inmigrantes detenidos conforme a la estricta nueva ley del Estado de Arizona van a quedar por el momento vacías porque la justicia ha decidido, en el último minuto, suspender temporalmente los artículos más polémicos de la legislación que entra este jueves en vigor, incluido el que criminaliza la inmigración ilegal. La juez Susan Bolton, que lleva la denuncia presentada por el Gobierno federal contra la ley de Arizona, ha basado su decisión en la consideración de que algunos de los artículos contenidos en esa iniciativa "perjudican a extranjeros legalmente residentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado".
Estatus migratorio
La ley "requiere" (no sólo permite) a la policía comprobar el estatus migratorio de cualquier persona retenida por la comisión de cualquier falta o delito, tan simple como una infracción del tráfico o la violación de una ordenanza municipal, que resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país ilegalmente. La policía puede, de acuerdo a esa ley, mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer esa comprobación.
Bolton, antigua juez de condado elevada al distrito federal por el presidente Bill Clinton, paraliza también otros tres artículos polémicos, como el que acelera los procesos de deportación o el que convierte en delito el hecho de no portar papeles, y deja vigentes a partir de hoy únicamente aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes indocumentados en la calle para llevarlos a trabajar o el que crea mecanismos de reclamación en el caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.
En las horas que restan entre la decisión de la juez y la entrada en vigor de la ley habría todavía, técnicamente, tiempo como para que el Estado de Arizona presentara un recurso ante un tribunal federal de apelaciones y una petición de que paralice la decisión de Bolton mientras se decida el recurso. Es decir, que podría buscar un congelamiento judicial de una orden de congelación. Pero los expertos creen muy improbable que una maniobra así pueda surtir efecto.
El largo periplo judicial
Lo que sí es seguro es que esta decisión judicial será elevada a un tribunal de apelaciones, probablemente por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y la Administración central, para conseguir su completa revocación. Hay que recordar que el Gobierno de Barack Obama recurrió la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre una materia, como la inmigración, reservada en exclusiva a las autoridades federales.
Y lo que es seguro también es que la batalla, larga y costosa en los tribunales -esto acabará quizá dentro de unos años ante el Tribunal Supremo-, será encarnizada en la arena política. Obama asumió un alto riesgo al denunciar la ley de Arizona, que cuenta con el apoyo de un 60% de los estadounidenses, según distintas encuestas. Al hacerlo, el presidente se sitúa frente a una mayoría de ciudadanos que dan prioridad a la seguridad fronteriza sobre el respeto a los derechos humanos, pero se reconcilia con los votantes hispanos, que pueden tener un papel relevante en las próximas convocatorias electorales. Para compensar su decisión, Obama ordenó el envío a la frontera con México de 1.200 soldados de la Guardia Nacional, que comenzarán a llegar desde principios del mes de agosto.