La Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, advirtió ayer que no van a permitir que más oficiales sigan siendo agredidos por pobladores, tras recordar que 17 oficiales que resultaron lesionados el 7 de julio en los sucesos violentos de Chichigalpa, municipio de Chinandega.
Granera señaló que muchos policías han resultado lesionados y otros han muerto cuando intervienen en los conflictos del país, por lo que no es posible permitir que los pobladores agredan a los oficiales.
“La Policía representa una autoridad en este país, que el día que nosotros la perdamos… por agresiones de pobladores o mañana de delincuentes, pasado mañana de pandilleros y después por narcotraficantes, ¿qué va a ser de la seguridad de nuestro país que es una de las mayores ventajas que tiene Nicaragua?, expresó.
Agregó que la Policía tiene que hacer un esfuerzo por ganarse esa autoridad y ese respeto, y que los pobladores deben entender la responsabilidad que tienen y no pueden agredir a los oficiales, “ni lo vamos a permitir”.
En los sangrientos hechos de Chichigalpa, perdieron la vida dos personas y diferentes sectores del país han criticado el excesivo uso de la fuerza policial.
Investigación no concluye
Producto de los sucesos, la Policía dividió las investigaciones en dos momentos. El primero finalizó con la entrega del expediente policial la semana pasada al Ministerio Público.
El mismo está relacionado con el momento en que los oficiales intentaron detener al joven Alonzo Cuadra, de 19 años, acusado por el supuesto delito de robo con fuerza en perjuicio del Ingenio San Antonio, ISA.
El resultado de la frustrada detención fue la muerte de Erving José Urrutia López, de 26 años, también trabajador de ISA, quien aparece como víctima, y como victimario el oficial voluntario Pastor Torres Medina.
Pero la Policía aún no ha concluido las investigaciones del segundo expediente, relacionado con la muerte del adolescente Norvin Antonio Flores Flores, de 18 años, originario del barrio Los Lirios, de Chichigalpa, quien recibió un balazo supuestamente de parte de un policía. Según la jefa policial, no han terminado porque “es una situación complicada”.
Familiares del fallecido indicaron en su momento que éste no participaba en la trifulca, pero que aún así, fue baleado.
“No hemos terminado la investigación porque la herida del joven tiene entrada y salida, no tenemos certeza de cuál fue el proyectil que le quitó la vida y como Directora de la Policía, si no hay evidencias concretas, no podemos pasarlo (el expediente), sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario”, explicó Granera.
Todas las armas ocupadas
La jefa policial aseguró que han ocupado 74 armas de fuego a los habitantes de Chichigalpa, Chinandega y León, para realizarles un peritaje exhaustivo en el Laboratorio de Criminalística y que cuentan con los casquillos de balas entregados por la población, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, y los mismos oficiales.
El Cenidh en su informe sobre el caso señaló que constató que la Policía pretendió ejecutar una orden de captura que ya estaba vencida y que fue “el fósforo que encendió le fuego”, pero Granera no contestó a esta interrogante.
A pesar de que en los canales televisivos se pudo observar a un oficial disparando su fusil AK, para la primera comisionada la realidad fue otra, pues aseguró que de haber ocurrido de esta manera, hubiese ocurrido “una estampida de muerte”.
La Directora General de la Policía tampoco explicó si las autoridades policiales de este municipio fueron remplazadas, tal como lo ha solicitado la población, pero aprovechó la ocasión para enviar su pésame a las dos familias de las personas que perdieron la vida y, aunque no especificó la fecha, aseguró que estará visitando este lugar en los próximos días.
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