HONDURAS
La aprobación del reglamento que da vida jurídica al Consejo de Justicia Centroamericana, CJC, es uno de los resultados del encuentro de los presidentes de las Cortes de Justicia del istmo que concluye hoy en Roatán.
Los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y República Dominicana suscribieron el Acuerdo de Roatán, instrumento que rige el funcionamiento de dicho ente regional, cómo los países van a interrelacionarse, la estructura orgánica y los órganos auxiliares.
Suscribieron el acuerdo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera Avilés, actual presidente pro témpore del CJC, y el presidente del Organismo Judicial de Guatemala, Luis Arturo Archila.
También los presidentes de las Cortes Supremas de Nicaragua, Alba Luz Ramos; Costa Rica, Luis Paulino Mora; República Dominicana, Jorge Subero Isa; y Panamá, Aníbal Raúl Salas; y la presidenta de la Sala Civil de El Salvador, María Luz Regalado.
“La vigencia del estatuto del CJC trae la legitimidad y la implementación de su vida jurídica con la aprobación de una reglamentación”, explicó Rivera Avilés, quien afirmó que este organismo no será un “elefante blanco” porque no implica erogación de fondos por los países miembros.
Rivera Avilés, que participó en el cierre del evento, manifestó que el Consejo Judicial Centroamericano funcionaba sin regulaciones.
En el cónclave, los representantes de los países miembros del CJC expusieron sus iniciativas, tendientes a mejorar la administración de justicia.
“Se harán esfuerzos para llevar a cabo los mejores convenios y lograr los triunfos que han tenido otros países”, justificó Rivera.
Se plantea homologar leyes sin violentar la Constitución ni tener injerencia de países y armonizar iniciativas para hacer un frente común contra los delitos.
Se plantea que las órdenes de captura emitidas en un país tengan amplitud en las naciones que integran el CJC, específicamente en casos de crimen organizado. El CJC busca fortalecer la seguridad jurídica en la región.
El intercambio
La magistrada hondureña Rosa Lourdes Paz Haslam dijo que el encuentro permitió abordar diversos temas en materia de justicia.
“Fueron dos días de mucho trabajo. Se dieron a conocer las experiencias en modernización judicial laboral que han tenido los países en los últimos años, lo que incluye la resolución de conflictos, sistemas de información, capacitaciones, oralidad del proceso y evaluaciones del desempeño de quienes intervienen en los procesos”, dijo la magistrada.
Agregó que es prematuro dar conclusiones del encuentro, pero que en términos generales se buscará extraer lo mejor que ha funcionado en los países para ponerlo en marcha en cada nación y darle respuestas a la ciudadanía que busca una pronta y ágil operatividad en el campo laboral.
Hoy concluyen
Este día se espera tratar aspectos importantes como el Observatorio de la Justicia Laboral en Centroamérica y República Dominicana.
También hablarán de la contribución para el debate sobre la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Los aspectos generales que serán analizados comprenden varios temas, por ejemplo, cuánto protege la jurisdicción del trabajo, la dignidad de los trabajadores que en su mayoría están en condiciones de informalidad, subempleo o en precarias condiciones de empleo.
El magistrado Víctor Manuel Martínez hablará este día sobre la protección de los derechos laborales en la jurisprudencia hondureña y se tocarán diversos aspectos de ese campo.
La actividad concluye este día con la firma de un acuerdo entre todos los sectores que deberá ponerse en marcha en cada uno de los países.
Analizaron despidos masivos
El ministro del Trabajo, Felícito Ávila, que tuvo ayer una importante participación, resaltó la importancia de analizar los casos de despido masivo después de cada comienzo de Gobierno, que tienen repercusiones en ambos sectores.
“Los malos despidos repercuten en el estado de Honduras. Esto debe ser bien analizado para evitar que siga ocurriendo, ya que al final pierde el Gobierno”, señaló.
Aunque no se citaron las cifras, los jueces y magistrados presentes en la reunión opinaron que se deben pagar millones de lempiras.
“La conciliación puede ser una medida viable, por lo que se hacen esfuerzos para unificar criterios entre entidades como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República”, estimó. El funcionario adelantó su disertación, pactada para hoy viernes.
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