La Comisión Especial de la Asamblea Nacional --“conformada al margen de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”--, dictaminó ayer el proyecto de Ley de Seguridad Nacional de la República de Nicaragua, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Seguridad Democrática, SNSD, y eleva a categoría de Secretaría Ejecutiva de esta entidad a la Dirección de Información para la Defensa, DID, del Ejército de Nicaragua, que estará bajo la dirección del Presidente de la República.
El ex presidente de la Asamblea Nacional y experto en Derecho Constitucional, Cairo Manuel López, dijo que la “comisión especial conformada para ‘consensuar’ las tres leyes está al margen de la ley, pero no necesariamente en contra de la ley”. Aseguró que es “un procedimiento extralegal, pero no ilegal”, pues las iniciativas de leyes aún no fueron presentadas oficialmente ante el plenario.
López dijo que lo más probable es que, el próximo lunes, la Junta Directiva del Parlamento presente al plenario las nuevas iniciativas “consensuadas” entre los jefes de las bancadas, y someta a votación si las aprueban de urgencia o se remiten a la comisión correspondiente.
Dos iniciativas “dictaminadas”
Ésta es la segunda iniciativa que dictaminan los legisladores en materia de defensa; aun queda pendiente la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras que, aunque algunos diputados prefieren que sea revisada hasta enero próximo, los del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, no descartan que esté lista para el lunes 13 de diciembre, cuando se espera sean aprobados los dos proyectos que ya están preparados, es decir, la Ley de la Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Nacional.
El jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Edwin Ramón Castro Rivera, ya habla de “dos dictámenes”, pese a que la comisión especial no fue conformada como lo establece el procedimiento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En todo caso, la Ley de Seguridad Nacional establece que “se crea el Sistema Nacional de Seguridad Democrática, SNSD, como un conjunto de acciones encaminadas a garantizar la seguridad democrática de la nación, a través de la coordinación y cooperación permanente de las instituciones especializadas del Estado, en este campo, que cumplen su función a través de operaciones básicas y especializadas, utilizando recursos humanos y medios técnicos”, se lee en el artículo 9 reformado por los diputados de su versión original.
“Este sistema es coordinado por el Presidente de la República, y se designa a la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, como Secretaría Ejecutiva del Sistema”, agrega el segundo párrafo del artículo 9 propuesto.
Control Legislativo y Judicial
Según el artículo 6, inciso 4, se establecerá un control “legislativo y judicial” del SNSD, el cual establece literalmente que “el Sistema Nacional de Seguridad Democrática estará sometido al control Legislativo y Judicial en los términos que establece el ordenamiento jurídico nacional”.
En este sentido, mediante el artículo 13 de la ley se crea una “Comisión Especial de Seguridad Democrática” de la Asamblea Nacional, la que estará integrada por la Junta Directiva del Parlamento, los jefes de todas las bancadas y los presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos y la de Justicia y Asuntos Jurídico, respectivamente.
“En caso de denuncias interpuestas por personas, en el ámbito de aplicación de esta Ley, y con el interés de asegurar el apego a la Constitución Política y leyes de la materia, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Especial creada en esta Ley, podrá solicitar informes al Sistema, el cual deberá responder por medio de su Secretaría Ejecutiva”, se lee en el párrafo segundo del artículo 13 propuesto.
Política de defensa a consulta
Por otra parte, el artículo 14 del dictamen --modificado de su original--, establece la necesidad de que la Política de Seguridad Democrática, “…será resultado de una amplia consulta y consenso nacional, correspondiéndole al Poder Ejecutivo rectorar dicho proceso”.
En cuanto a la reglamentación --una de las principales preocupaciones de la oposición--, el artículo 17 despeja cualquier duda, y estipula que “la presente Ley deberá ser reglamentada de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República”.
Y para no dejar dudas, agrega en su segundo párrafo que “en aras del consenso mayoritario logrado en la presente Ley, la reglamentación deberá enmarcarse dentro del espíritu, los principios y los objetivos fundamentales de esta Ley”.
Algunas garantías
La Ley de Seguridad Nacional Democrática establece algunas garantías, entre ellas, “contribuir a la consolidación de la paz, libertad, democracia y desarrollo, garantizando a todos sus habitantes las condiciones de seguridad que les permita participar y beneficiarse de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, que posibilite el crecimiento económico con equidad”.
Además, pretende “garantizar la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre, secreto y transparente, sustentado en el constante fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica y la superación de la pobreza y la pobreza extrema”.
Por otra parte, establece diferencia entre la “seguridad democrática”, “seguridad humana” y “seguridad interna”, esta última entendida como “una condición que requiere asegurar mecanismos para prevenir y luchar contra amenazas, que generadas dentro del país, atentan contra la vida y bienes de los ciudadanos y el goce de sus libertades, derechos y garantías”.
Mientras que la “seguridad democrática” se refiere a la “condición que busca generar un ambiente de seguridad a través de la supremacía y el fortalecimiento del poder civil frente al militar, el balance razonable de fuerzas en la región, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo humano sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, así como el combate a la corrupción, a la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el crimen organizado nacional y transnacional, tráfico de armas, tráfico y trata de personas”.
Puro maquillaje, pero es la misma ley
Irving Dávila, miembro de la Coordinadora Civil, manifestó que han estado en conversaciones con los partidos políticos, para que no se aprueben las leyes, porque la consulta que están haciendo viola el proceso de formación de Ley.
También considera que por mucho que las modifiquen, “lo que están haciendo es maquillándolas”. “Es la misma ley y tiene el mismo sentido, las aprueben como las aprueben”, aseguró Dávila.
Presionar al PLC
Por su parte, la diputada independiente Mónica Baltodano, dijo que lo único que están exigiendo es que se respete el proceso de formación de la Ley.
Baltodano aseguró que el lunes van a hacer la lucha para que estas tres leyes pasen a comisión, y también van a presionar al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, porque opina que es el partido “que está dando legitimidad al proceso irregular de formación de ley”.
“El PLC está en las mismas, rearmando sus acuerdos obscenos con el gobierno, el PLC debe tener un montón de arreglos, debe estar tratando de conseguir concesiones con el gobierno para las próximas elecciones”, manifestó Baltodano.
La diputada presidenta del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, también opinó que todo el conjunto de estas leyes está escrito de una manera tan general, que no caben mociones, por lo que recomendó rediseñarlas.
Supremacía del poder civil
Al respecto el magistrado de facto de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís coincidió con algunas observaciones de los diputados en cuanto a que el poder militar tiene que estar sujeto al poder civil, porque, además, es un principio constitucional.
“Creo que fue importante que no se aprobaran con un trámite tan rápido para que hubiera tiempo para que se hicieran los cambios necesarios. No creo que se le dé al Ejército mayores facultades de las que tiene, ni sería partidario de que se creara un poder militar encima del poder civil en Nicaragua. Hay que esperar la versión final de los dictámenes”, refirió Solís.
Solís enfatizó que siempre apoyarán al Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico, y que estas leyes tienden a que el Ejército tenga más fuerza para defender la frontera y la soberanía nacional.
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