El cumplimiento de un supuesto acuerdo al que llegaron el presidente Daniel Ortega y el empresario mexicano Ángel González en el 2007 para que este le entregara el Canal 4 de Televisión sin pagar un solo centavo, llevó al ente regulador de las telecomunicaciones (Telcor) a entregar una frecuencia que estaba asignada para ser usada exclusivamente por el Estado, que ofrecería televisión pública.
Esta frecuencia es la del Canal 9 de Televisión, la que está asignada a la sociedad Digital Media de Nicaragua S.A., cuyo representante legal es el señor Alberto Leopoldo Mendoza D’Arcy.
Detrás de esta sociedad está Ángel González, quien en una operación típica de sus negocios, no figura en sus empresas, usando testaferros para estas.
El Canal 9 es la repetidora del Canal 6 de la televisión, la frecuencia del Estado que actualmente se encuentra en abandono, desde que sus operaciones quebraron durante la Administración del expresidente y caudillo liberal, Arnoldo Alemán Lacayo.
Telcor —dirigido por Orlando Castillo— entregó la frecuencia a esta sociedad, dejando a Canal 6 sin su repetidora.
Los canales en señal VHF utilizan una repetidora para poder expandir su señal a aquellos puntos más alejados de la ciudad capital, que es de donde se genera todo el contenido.
Para poder entregar el Canal 9, Telcor emitió de manera sigilosa y discrecional un acuerdo administrativo (007-2008) con el cual se reformó el artículo 26 del acuerdo administrativo 07-97.
Este artículo prohibía adjudicar los canales impares en frecuencia VHF, porque los mismos serían utilizados como repetidoras de las frecuencias pares. A la vez se pretendía evitar interferencias entre las señales de todos los canales VHF.
Pero el acuerdo administrativo 007-2008 estableció que se “autoriza la habilitación de todos y cada uno de los canales, pares e impares, en la Banda de VHF en todo el territorio nacional, debiendo los operadores autorizados operar sus transmisores principales y secundarios en las debidas medidas y equipos que garanticen la no interferencia perjudicial en canales adyacentes o vecinos”.
La entrega de la frecuencia de Canal 9 entonces se convirtió en una evidente concesión de un bien del Estado a una entidad privada, sin que se sepan detalles de esta operación debido al secretismo con que Castillo, un antiguo empleado del presidente Ortega en Canal 4 de Televisión, maneja este ente regulador.
“La concentración de la propiedad de medios de comunicación, en particular de la televisión, es parte del proyecto del presidente Ortega y su familia para mantenerse en el poder por muchos años más. A mi juicio, este fenómeno, empujado desde el poder público, contribuye a la ya existente contradicción entre el rol de los medios como un recurso ciudadano y su base económica de propiedad privada familiar”, explicó la reconocida periodista y comunicadora Patricia Orozco, directora del programa radial Onda Local, promovido por el Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco). Guillermo Cortez D. LA PRENSA/ARCHIVO “Están claros del poder simbólico de los medios, por ello han entrado en el mercado cultural para continuar incidiendo en la política, en la economía y la sociedad en general. Culturalmente tiene el objetivo de lograr un rol significativo en la constitución de nuevas identidades políticas y culturales de la ciudadanía nicaragüense, por ejemplo, creer que aquí hay una segunda revolución o que aquí no se promueve un modelo económico neoliberal. Tienen el firme propósito de continuar haciéndole creer a la gente que el pueblo es presidente”, añadió Orozco, vía correo electrónico. Asimismo calificó el rol de Telcor como “lamentable”, debido a que su manera de operar es completamente antagónica a lo que debería de ser una entidad de servicio público, favoreciendo siempre con las adjudicaciones en base a criterios políticos o económicos. El periodista Guillermo Cortez Domínguez, director de la revista especializada en comunicaciones Medios y Mensajes, coincidió con Orozco en lo preocupante que es esta concentración de medios de comunicación en manos de la familia del presidente Ortega. “Desde el punto de vista de la Constitución Política de la República es ilegal que los medios de comunicación se concentren en una sola familia o grupo económico o partidario, pues abona al surgimiento de monopolios y con ello a que determinados grupos tengan ventajas sobre el resto de la sociedad en beneficio de sus intereses unilaterales”, agregó.
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