Las tres iniciativas de ley presentadas por el presidente Daniel Ortega, relacionadas con la defensa y seguridad del país, alejan a Nicaragua de las democracias que desean menos incidencia de los militares en los asuntos civiles, y, por el contrario, tratan de meter a los uniformados en sus proyectos políticos para garantizar que éstos avancen sin obstáculos.
Lo anterior se desprende del análisis que realizó Adam Isacson, Director del Programa de Seguridad Regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), luego de que EL NUEVO DIARIO le contactara para conocer sus consideraciones de frente a las iniciativas de ley del gobernante, en relación con el resto del Continente.
Isacson consideró, incluso, que de aprobarse la Ley de la Seguridad Nacional de la República de Nicaragua; y la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que según juristas “vaciarían la Constitución”, significaría que los civiles se aceptarían como incapaces de administrar los asuntos públicos y que el Estado “debería usar uniformes” militares.
¿Cual es la apreciación de ustedes sobre el tema del control civil sobre las Fuerzas Armadas?
“Vemos al control civil sobre las Fuerzas Armadas, sin ambigüedades, como un elemento indispensable de una democracia saludable. Significa el mando de un Ministerio civil de Defensa, el control civil sobre el presupuesto y sobre la política de defensa, una clara separación entre los deberes y tareas militares y policiales, y una total capacidad de castigar, por medio del sistema de justicia, a soldados que cometen crímenes comunes, hechos de corrupción, o violaciones de derechos humanos”.
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