Corrupción es grave en la Modelo

MANAGUA
Uno de los internos de la galería ocho alta de la cárcel Modelo, que alberga solo a internos extranjeros, detenidos por delitos vinculados al crimen organizado, en particular al narcotráfico, declaró que el arma con que fue asesinado Pastor Antonio Escobar, por parte de Douglas Sánchez Bustos, fue un arma de fuego nueva para lo cual debió recibir colaboración de funcionarios del penal.

“El arma era nuevecita (...) pero una pistola solamente la puede entrar (ingresar) un guardia de alto rango”, comentó el interno.

El diputado liberal José Pallais, consideró que la situación ocurrida en ese penal, el pasado viernes amerita “un plan urgente”, para recuperar la autoridad en las prisiones.

El reo que logró comunicarse con LA PRENSA confió además que en el penal hay “más que corrupción”.

“Si existe un verdadero crimen organizado en Nicaragua es aquí en el Sistema Penitenciario por parte de los funcionarios”, denunció el interno. El reo puso de ejemplo casos de funcionarios que “si saben que salís libre te van a montar droga en la requisa, solo para hacer que te quedes... con los nacionales si son de las pandillas, te manejan el pánico (...) los echan para que te echen agua hirviendo, aceite hirviendo, puñaleen, golpean y después no los dejan ver a la familias”.

PRESOS EXTRANJEROS ATEMORIZADOS


Sobre el suceso del viernes, corroboró la versión de que Escobar fue ejecutado en un pasillo que pasa por todas las galerías como “túnel”, donde estaban unas 50 personas, lo que causó pánico en ese momento .

“Cuando dispara, todo mundo se asusta; don Pastor estaba vivo, le decíamos a la guardia que lo socorrieran, y a los reos que lo quisieron socorrer no los dejaron que lo socorriera”, relató.

La situación, dijo, ha provocado inseguridad y ha llenado de temor a los presos extranjeros. Debido a ello, desde ayer, más de cien presos se declararon en huelga de hambre para presionar que los envíen a sus países de origen para purgar las penas allá “porque aquí por cualquier centavo lo matan a uno en el penal; por 500 pesos lo apuñalan a uno”.

Según el interno, aunque tienen enemigos tanto en Nicaragua como en otros países, consideran que estarían más seguros en su país, porque “aquí hay más facilidad que nos pase algo”. El interno demandó la presencia de una comisión de derechos humanos y de salud independientes.

SISTEMA PENITENCIARIO ESTÁ INFILTRADO


El diputado Pallais, quien fue viceministro de Gobernación y el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, refirió que el hecho de que hayan ingresado un arma de fuego a la cárcel, así como que hayan abierto celdas, entre otras cosas, denota un cierto nivel de penetración y descomposición, lo cual dijo “es gravísimo”, porque puede llevar a situaciones que viven otros países donde el crimen se dirige desde las cárceles.

“Un elemento fundamental para analizar el avance del crimen organizado en la institucionalidad del país y en lo grave de la amenaza, es el nivel de control de una prisión (...) significa esto que ya Nicaragua, que nos sentíamos muy tranquilos, que decíamos ‘es el país más seguro de Centroamérica’, ya tenemos una luz roja encendida, con una alarma, que debe provocar reacciones rápidas y enérgicas para recuperar el control de esas prisiones”, sostuvo Pallais.

Para Pallais, Pallais, el caso de la cárcel Modelo demuestra también que la coordinación entre las instituciones está fallando.

“Han pasado varios meses de la entrada en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado y no se ha reunido el Consejo Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado; eso denota falta de coordinación”, dijo.

El parlamentario mencionó que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), deben hacer una revisión del personal que está atendiendo esas prisiones, y dar de baja a quienes se sospeche han caído en redes o influencias del crimen organizado. Además, deben fortalecer las medidas de seguridad, así como las revisiones en las celdas y sobre todo la vigilancia con cámara.

El funcionario del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Roberto Orozco, consideró por su parte, que a la par de la investigación penal el Ministerio de Gobernación debe hacerse una auditoría interna, para determinar cuáles fueron las medidas de seguridad que se vulneraron.