TEGUCIGALPA, HONDURAS
Los miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, presentaron este jueves el informe "Para que los hechos no se repitan", en el que resaltan las 88 recomendaciones para que una situación similar se evite a futuro.
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Las recomendaciones buscan fortalecer la estructura jurídica del Estado, su institucionalidad, sus prácticas, a las formas de hacer política en sus instituciones.
La principal recomendación es que se establezca en la Constitución la figura del juicio político para evitar que las confrontaciones interinstitucionales vuelvan a ocurrir en el futuro..
Lea: Informe de la Comisión de la Verdad
También proponen crear un Tribunal de Justicia Constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los Poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos.
Constitucionalidad e institucionalidad
La CVR agregó que el Congreso Nacional debe adecuar la Constitución actual de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la atribución del Congreso Nacional de interpretar la Constitución y debe mandar a publicar dicha sentencia.
El informe recomienda además que se debe revisar en la Constitución la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de Estado de Excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y bajo un control judicial independiente.
También pide revisar la normativa constitucional y la Ley del Estado de Sitio, en lo referente a la suspensión de los derechos individuales fundamentales, especialmente el artículo 188 de la Constitución, que da pie para que el Poder Ejecutivo tenga, hasta 30 días, la posibilidad de disponer de los derechos ciudadanos sin control del Poder Legislativo, que representa los intereses de los diversos sectores de la ciudadanía.
Sugiere la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura que deberá ser el ente responsable de la evaluación todas las instancias, ya que será el ente responsable del nombramiento de jueces, así como de la evaluación de su desempeño y la supervisión de la carrera judicial.
La Comisión sugiere al Congreso Nacional aprobar las reformas legales necesarias para que el Ministerio Público vuelva a contar con un cuerpo de investigación propio, integrado en la institución y sometido a la dirección de los fiscales, tal y como existía con la antigua Dirección de Investigación Criminal.
Derechos humanos
El informe, en su capítulo sobre derechos humanos, resalta que durante la crisis política se dieron al menos 20 muertes sin justificación, 12 de ellas a personas que participaban en las manifestaciones -7 de las cuáles no tenían un participación activa en las protestas-, y las otras 8 de las 20 de manera directa.
Por ello, la Comisión pide además investigar, procesar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida, debiendo garantizar a las personas acusadas todas las salvaguardas del debido proceso, incluyendo su presunción de inocencia, asistencia letrada, acceso pleno al acervo probatorio y oportunidades de examen y contradicción de la evidencia.
Agrega que se debe dar al Ministerio Público y jueces competentes el apoyo técnico, logístico y presupuestario necesario para llevar a cabo con éxito estas investigaciones y procesamientos. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones competentes deberán cooperar oportuna y plenamente con el Ministerio Público para estas investigaciones, incluyendo la identificación de sospechosos, la aportación de información y acceso a sus archivos, registros de órdenes operativas, comunicaciones e informes de inteligencia y cualquier otra documentación interna y personal que pudiera ser relevante en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, sugiere que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe someter su actuación a una investigación independiente, comisionada por el Congreso de la república, para determinar si cumplió con sus obligaciones con la imparcialidad y diligencia que requería la situación.
Sobre el 28 de junio
La CVR concluyó que la convocatoria a una consulta popular y una encuesta por parte del ahora expresidente Manuel Zelaya fueron el elemento definitivo e irreversible de confrontación que concluyó con un golpe de Estado contra el poder Ejecutivo, enmarcado con la captura por orden judicial del presidente Zelaya y su expulsión a San José, Costa Rica.
El informe sostiene que Zelaya se quedó sin espacio en la Corte Suprema de Justicia, sin el apoyo de su propio partido, sin un candidato afín en las primarias del PL, sin influir en la designación del Fiscal General y sin influencia en la Procuraduría, ubicándose en posiciones de riesgo, violando varias leyes y tomando acciones que lo dejaron sin sustento político, arriesgando la institucionalidad de Honduras.
La Comisión, que inició su labor en abril de 2010, reprochó a Zelaya su "injerencia" en los demás poderes del Estado, y destacó que la crisis que derivó en su derrocamiento comenzó "varios meses" antes por sus disputas con el Congreso.
Por lo tanto, establece que la expulsión del expresidente "fue responsabilidad de él mismo y de los que lo sacaron".
Stein explicó sin embargo, que ese hecho, no alcanza a explicar todas las complicaciones acumuladas y la falta de una negación política para salida negociada a la crisis, que refleja la erosión del proceso democrático del país, "con un orden político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y turno en el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario, y no termina de transitar hacia un orden con una sociedad civil no tutelada y en condiciones que permitan la organización y expresión pública de todos los ciudadanos, más fundada en la competencia y en el mérito, que en el clientelismo y el patrimonialismo".
El mundo y las elecciones
La CVR destaca además que previo a la salida de Zelaya, la comunidad internacional en general, a pesar de algunas alertas, no intervino, con excepción de los gobiernos que apoyaban la iniciativa de la consulta y la Organización de Estados Americanos, que envió una misión de acompañamiento, pese a que todas las instancias competentes habían emitido resoluciones declarando ilegal el proyecto de Zelaya.
Esta decisión, sostiene, "minó la confianza de varios sectores hondureños en ese organismo internacional".
El tema dividió a Latinoamérica, comentó Stein, porque exhibió una polémica sobre agendas encontradas, provenientes de otras latitudes, con ciudadanos de otros países centroamericanos apoyando posiciones de respaldo o rechazo a lo que se estaba viviendo en Honduras, con temor de que se estuviese viviendo una agenda contraria a valores democráticos conocidos.
En el informe consta además que el Tribunal Supremo Electoral había recibido en 2009 apenas el cinco por ciento de los fondos asignados al proceso electoral, debido a que la Secretaría de Finanzas no enviaba el presupuesto al CN para su aprobación, en desacato a la ley hondureña.
Las resoluciones del TSE no fueron acatadas ni por el Poder Ejecutivo ni los medios de comunicación, lo que disminuyó la credibilidad del ente gubernamental en el proceso democrático.
Pese a lo anterior, la CVR califica como "legítimo el proceso electoral para elegir al presidente, designados, diputados y corporaciones municipales", ya que el proceso había iniciado con la convocatoria eleciones internas de movimientos internos de cada partido desde 2008, mientras los comicios generales fueron convocados el 28 de mayo de 2009, un mes antes de salida de Zelaya del poder de Zelaya.
El impacto
Durante su recorrido por los 18 departamentos de Honduras, la Comisión asegura haber percibido el reclamo de ciudadanos hacia la clase política que se reduce en el derecho de saber la verdad, la justicia y la aplicación de la ley a los responsables, así como a la práctica de provocar crisis y luego lograr pactos que conduzcan a la impunidad, lo que finalmente repercute en el sentimiento de falta de interés, abandono y de la carencia de espacios de participación.
Sumado a esto, afirma que la crisis generó considerables pérdidas económicas y a los sectores más vulnerables de Honduras, superando los 20,250 millones de lempiras, de acuerdo a un informe de la Cepal.
El evento
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos, dio el mensaje de bienvenida en el acto de entrega del informe Comisión de la Verdad Reconciliación sobre los acontecimientos del 28 de junio del 2009.
Posteriormente representantes de la iglesia católica y evangélica realizaron una invocación de Dios.
En el evento estuvo presente el presidente Porfirio Lobo, quien ofreció un breve discurso y se ubicó en la primera fila del salón, en donde también se enconraron representantes de los diversos sectores de la sociedad.
También en el lugar se encontró el secretario general de la Organización de Estados Americano, OEA, José Miguel Insulza, como testigo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR.
Castellanos adelantó ayer que la comisión entregará tres textos: el informe que contiene los análisis, la cronología detalladas de los hechos y otro con los hallazgos y recomendaciones.
“Hemos identificado los elementos que a nuestro juicio fueron los disparadores de esta crisis, hemos identificado los hallazgos fundamentales y las consecuencias.
Lo importante es que la verdad se compruebe, si gusta o no gusta ese no es un problema”, manifestó Castellanos.
El informe de la CVR no recoge el testimonio de Zelaya porque el exgobernante hondureño no reconoció a la oficial Comisión de la Verdad.
El Informe ha sido entregado a niños de la Coordinadora de Instituciones Privadas pro Niños y Niñas Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), y jóvenes estudiantes universitarios de excelencia académica, así como a alcaldes de diversas ciudades del país, y a los representantes de los tres poderes del Estado
La Comisión está conformada por el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el diplomático canadiense Michael Kergin y la jurista peruana María Amadilla Zavala Valladares, como miembros internacionales.
Por parte de Honduras participaron la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos; el exrector Jorge Omar Casco y Sergio Membreño.
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