sábado, 2 de abril de 2011

Terrorismo de Estado contra el derecho a marchar


Según organizaciones de derechos humanos, la igualdad ante la ley que presidente Daniel Ortega alega para su reelección con vistas de eternizarse en el poder, es la misma igualdad que viola con sus abusos contra la libertad de circulación, contra la libertad de expresión, montando tranques y sitiando la ciudad con sus fuerzas de choque para intimidar a sus opositores. “Bajo la lógica de pretender una igualdad, lo que se está promoviendo es una competencia desigual en este proceso electoral. Ya que Ortega no se siente capaz de dejar de ser candidato, que al menos respete la libre movilización, la libertad de expresión, el derecho a una competencia limpia”, dijo Denis Darce, Director de Proyectos de la CPDH. Terror de un dictador Para Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, la monstruosidad intimidatoria que se ha desplegado en contra de la marcha de hoy, no es más que el terror de un dictador. “Todo está hecho para evitar al máximo que las personas se movilicen para protestar contra la reelección. Primero fue la Policía Nacional, que planteó obstáculos para que no se diera la marcha, y ahora es la exhibición de un operativo combinado entre fuerzas de choque y las autoridades policiales”, dijo Carrión. Señaló que tanta demostración en las calles, con desplazamiento de fuerza y de recursos humanos y materiales, no es más que parte de un proyecto particular excluyente, represivo y de supresión de libertades. “Si tanto lo quieren…” “Si tanto dice que lo quieren, ¿qué sentido tiene semejante movilización? Se derrochan recursos que bien podrían sacar de la pobreza a varias familias, o que podrían servir para reparar los pupitres de colegios sin mantenimiento, o para comprar más medicinas para los centros de salud donde tanta falta hace”, alegó, haciendo un llamado a la gente de ambos bandos para que la marcha sea cívica, pacífica y se eviten las provocaciones. “Cuando existen estos gobiernos no debe haber temor a manifestarse por la libertad. Hay que dar el paso decisivo en defensa del orden jurídico, de derechos ciudadanos y humanos. Si por desgracia hubiera un baño de sangre, la responsabilidad sería de Daniel Ortega. Consideró que estas confrontaciones impulsadas por el gobierno son acciones criminales de un jefe de Estado. Darce señaló que, junto a los simpatizantes del partido orteguista, la Policía Nacional no sólo impide el acceso a instalaciones de instituciones públicas, sino que también obstaculiza la libre circulación de la ciudadanía, sin importar que esto sea en medio de las principales arterias de la ciudad, sin importar la afectación a comercios, hoteles, escuelas, sedes de organizaciones que trabajan con la niñez, universidades, casas particulares y transporte colectivo. Policía carga enorme responsabilidad Esta vez no se trató de un monólogo policial, pero se le pareció mucho, cuando el comisionado general Horacio Rocha, Subdirector de la Policía Nacional, se dedicó a no responder con claridad las preguntas de los periodistas relacionadas con las disposiciones que ejecutará hoy esta institución para hacer cumplir la Constitución de la República, y evitar parcializarse a favor del partido de gobierno en la realización de las dos marchas. “Hemos determinado zonas que a nuestro criterio nos ayudarán a cumplir el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que participen en las marchas. Estamos desplegados en Managua toda la plantilla de los 11 mil 500 policías, estamos desplegados en todas las carreteras del país y en todos los departamentos… la Policía Nacional ha adoptado y tomado las medidas correspondientes para que se garantice las seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó Rocha.

Esta fue la misma respuesta que dio cuando se le consultó si existía la posibilidad de que los participantes en ambas marchas se encontraran en la rotonda “Rubén Darío”. No contestó cómo harían para evitar enfrentamientos entre los grupos, teniendo en cuenta que los orteguistas, desde este jueves acampan y duermen en la “Plaza de las Victorias” o “Plaza del Fraude”, lugar donde será la concentración de los opositores al gobierno.

Más dudas que respuestas Por su parte, miembros de la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, han manifestado que no cambiarán la hora, ruta y día de la marcha que anunciaron antes que el orteguismo. El comisionado general Rocha no explicó si cambiaron o no la iniciativa de la UCD, tampoco detalló cuáles son las ya famosas “zonas de seguridad”. La primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía, en días anteriores, aseveró que el sector del Consejo Supremo Electoral, CSE, contiguo al centro comercial Metrocentro, es una zona de seguridad, motivo por el cual no les han permitido manifestarse a los jóvenes de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional, Rejudin. Las intenciones de la UCD son plantarse frente al CSE, pero al parecer no lo lograrán. El jefe policial no especificó cuáles áreas estarán dominadas por las vallas metálicas, ni ofreció una guía de rutas alternas para que circulen los pobladores que no participarán de ninguna de las marchas. Finalmente, Rocha tampoco contestó el motivo por el cual solicitaron a los organizadores de la marcha opositora que cambiaran sus planes, y menos respondió por qué autorizaron dos marchas, si supuestamente los orteguistas habían pedido el permiso dos meses atrás.

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