San Salvador, El Salvador
Una ley que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas y otros grupos empezó a regir hoy en El Salvador, después que esas bandas obligaran al transporte a paralizar sus labores durante 72 horas para exigir que no se sancionara este instrumento jurídico.
La Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como "antimaras", fue aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y sancionada nueve días después por el presidente Mauricio Funes, quien descartó negociar con los pandilleros.
"Ocho días después de su publicación (en el Diario Oficial) entra en vigencia", explicó a Efe el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
A raíz de esta ley, que busca contener la violencia que desangra a este país, donde se registran entre 10 y 13 asesinatos por día, la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18 (M18) buscaron paralizar el transporte, para impedir su sanción presidencial.
La norma declara ilegales y proscribe "las llamadas pandillas o maras" y prevé la "la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia" de los bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva.
También faculta a la Fiscalía o al juez competente a ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con estos delitos.
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