
TEGUCIGALPA.-
Un informe elaborado por una comisión especial nombrada por el Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, revela en siete tomos que los ex presidentes de Honduras, Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti Baín, dejaron deudas al Estado que superan los 15 mil millones de lempiras.
El ministro de Finanzas, William Chong Wong, alertó al gobierno en general para que atienda las recomendaciones en el informe y evitar más defraudaciones futuras.
El documento en el que se agrupan varias investigaciones realizadas a las diferentes instituciones centralizadas y descentralizadas, fue entregado ayer en horas de la tarde por el ministro de Finanzas, William Chong Wong, a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Se realizó una auditoría forense que abarcó las deudas que estaban pendientes de pago al momento que el Presidente Lobo asumió el gobierno y el informe de la comisión fue revisado, se hiso un muestreo de casi 1,800 millones de lempiras, los hallazgos corresponden a las deudas pendientes pago al día 28 de enero”.
“La deuda flotante en el mes de diciembre andaba más o menos en unos diez millones, cuando recibimos el gobierno sumaba casi 12 mil 820 millones y han seguido apareciendo otras series que casi suman 15 mil millones porque solo habíamos agarrado gobierno central”, informó Chong Wong, después de entregar el documento a los magistrados, Jorge Bográn, Miguel Ángel Mejía y Daysi Oseguera.
“Pero si agarramos todo lo que se debía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), todo lo que se debía en las otras instituciones descentralizadas sí anda arriba de los 15 mil millones, una gran cantidad sin soporte, la otra sí tenía soporte pero no presupuestario porque el presupuesto se aprobó hasta el mes de agosto o septiembre del 2009, estuvieron casi nueve meses sin presupuesto trabajando”, explicó.
TSC DEBE INICIAR ACCIONES
El funcionario, también explicó que la auditoría forense que describe cada hecho, además de ser un caso sujeto a sanciones, revela situaciones que requieren atención al sistema que debería ser mejorado por el gobierno para evitar futuras situaciones de fraude, defraudación o contubernio.
Por eso reiteró que “la investigación corresponde a las administraciones pasadas. Se decidió turnar este documento al Tribunal para que tome las acciones correspondientes, yo no podría anticipar los resultados pero sí hay hallazgos que prefiero no darlos a conocer porque serán las autoridades a quien se turna que deberá hacerlo en su momento”.
La comisión especial que desde inicios del 2010 realizó los escrutinios financieros, estuvo integrada por el director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Miguel Ángel Domínguez; el titular y representante del gobierno en la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Moisés López y la funcionaria de la Secretaría de Finanzas, Doris Madrid.
El funcionario amplió que la firma auditora entregó siete copias al gobierno de Lobo, de las cuales tres mantiene cada integrante de la comisión especial, asimismo tres para cada magistrado y una quedó al resguardo de Finanzas.
El estudio financiero, administrativo y contable de los dos gobiernos en el 2005–2009, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Suecia.
Desde hoy mismo, los magistrados deberán iniciar las acciones que correspondan para que el grupo de auditores de los departamentos de Fiscalización encuentren los indicios de responsabilidades civiles, administrativas o penales; en este último caso, deberán trasladar los hallazgos probatorios al Ministerio Público (MP).
No hay comentarios:
Publicar un comentario