MANAGUA
El lento proceso de entrega de cédulas, lleno de anomalías y cargado de favoritismo para los simpatizantes del partido de gobierno, sumado a la burocracia estatal, incapacidad técnica de los funcionarios y politización del Consejo Supremo Electoral, están creando un tenso clima de inestabilidad y violencia en varios departamentos del país, donde se reportan quejas, reclamos y protestas de amplios sectores de la ciudadanía.
Las manifestaciones son variadas: la batalla campal en San Fernando, Nueva Segovia; el surgimiento de un grupo opositor al gobierno denominado “Comandos Patrióticos Nicaragüenses”; las protestas por la falta de entregas de cédulas, y el dominio del orteguismo y aliados gubernamentales en las mesas de verificación, votación y sedes electorales.
Magistrados usurpadores
A ello se le suma la reciente impugnación de candidatos fuera del calendario electoral y el desprecio de un CSE cuya credibilidad, imparcialidad y capacidad técnica para solucionar las demandas sociales en lo suyo, han quedado empañadas desde los comicios municipales de 2008, cuando se prestaron al fraude a favor del FSLN, y peor ahora que actúan con cargos vencidos y usurpando un poder del Estado.
Ayer mismo hubo protestas en Managua, León y Nueva Segovia, pero durante la semana, brotaron protestas en Jinotega, Ocotal, Chinandega, León y otras ciudades.
Lo de San Fernando
Por ejemplo, en San Fernando, el CSE con apoyo de la Policía y con respaldo del Ejército, tuvo que mover las oficinas del Consejo Electoral Municipal tras un tenso clima de polarización creado por personas que demandaban cédulas desde el pasado 7 de julio, y que atentaron con bombas incendiarias contra el edificio electoral y la Alcaldía.
El local estaba situado frente a la casa de campaña del partido de gobierno, y a unos 100 metros de la casa del PLI-MRS, lo que sumado a la falta de capacidad de la institución para atender la demanda de los documentos de identidad, provocó batallas campales a pedradas que dejaron seis heridos, incluyendo uno de bala.
En El Sauce
De igual modo, hubo protestas y choques en el municipio de El Sauce, departamento de León, cuando decenas de jóvenes de comunidades rurales protestaron frente a las instalaciones del Consejo Electoral Municipal, en demanda de sus documentos de identidad.
Los reclamos de los jóvenes fueron respondidos con amenazas y burlas por parte de funcionarios electorales que a la vez son activistas del FSLN, lo que generó una reacción violenta de los demandantes, quienes mediante la fuerza se plantaron frente a la puerta principal del edificio y amenazaron con entrar al local.
La inesperada situación generó la presencia de un contingente policial al lugar, pero tras un tenso diálogo con las autoridades electorales y los reclamantes, se controló momentáneamente la situación.
La queja de los jóvenes es que en esa sede se priorizan los documentos de votación a las personas organizadas en el FSLN, pero a los que no se identifican con el partido oficial, se les niega el documento y se les maltrata verbalmente.
Un patético vocero
Las actuaciones irregulares constatadas por todas partes, sobre todo en sectores rurales, fue minimizada una vez más por el empleado del CSE, Félix Navarrete, quien hace de vocero del presidente de facto del Poder Electoral, Roberto Rivas Reyes.
Según el funcionario de bajo nivel, la situación en San Fernando era mínima y provocada por un pequeño grupo de personas que intentaron tomar la sede, y que por ello, el CSE determinó cambiar las oficinas.
Pese a que la queja común en estas protestas es que el CSE tramita hasta de oficio y de manera gratuita las cédulas a miembros del FSLN y a empleados públicos identificados con Ortega, mientras que a los demás ciudadanos se les cobra a 300 córdobas y les obstaculiza el proceso, el vocero de Rivas negó que exista “partidarización en el proceso”.
Campesinos
en Managua
Las protestas dicen otra cosa: ayer 82 jóvenes campesinos arribaron a Managua desde sus comunidades de Ayapal, San José de Bocay, Jinotega, a exigir frente al CSE central la entrega de sus documentos de identidad
Con edades de entre 16 y 25 años, los jóvenes se quejaron de que en sus localidades los funcionarios del CSE les niegan el documento bajo el argumento de que no hay material para la elaboración del mismo.
Ellos llevan, aseguraron ayer, más de tres meses recurriendo a la sede municipal sin recibir una respuesta, mientras denuncian que a otros jóvenes, activistas del FSLN, las cédulas les son entregadas en las escuelas y hasta en las puertas de sus casas.
La cédula es el documento oficial de identidad ciudadana desde 1993, y es el único documento permitido por la ley para votar y participar de cualquier evento social, económico y académico, así como para realizar toda gestión legal y oficial.
El CSE estableció que la última fecha para solicitar el documento este año es el 8 de agosto, de lo contrario, nadie podrá acceder a él hasta después de los comicios de noviembre.
A tal extremo ha llegado la lenidad del CSE con el tema, que el mismo Consejo Superior de la Empresa Privada, usualmente esquivo a criticar al partido de gobierno y a las instituciones públicas, ha lanzado una campaña denominada “La cedulación es un derecho de toda la población”.
Caldo de cultivo
A criterio de activistas de derechos humanos, la situación creada a partir de la actuación anómala del CSE y de la parcialidad con que actúa a descaro el fiscal electoral Armando Juárez, a favor del candidato inconstitucional Daniel Ortega, son el caldo de cultivo para una explosión social de proporciones incalculables.
Denis Darce, Director de Proyectos y Capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señaló que las razones de haberse iniciado la violencia tienen su lógica en las arbitrariedades cometidas por la misma institución encargada de la organización del proceso. Situaciones, remarcó, que restan credibilidad a las elecciones presidenciales de noviembre y que podrían provocar conflictos más graves.
Vilma Núñez, Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, lamentó que el CSE no respete el calendario electoral establecido por ellos mismos, ni el derecho a la ciudadanía de recibir su cédula en igualdad de condiciones.
“Esta es una situación explosiva por las anomalías que se han presentado. El CSE, encargado de organizar las elecciones, es el responsable de lo que ocurra”, expresó.
En ese contexto, observó la funcionaria, el caso de las inhibiciones a candidatos de organizaciones opositoras, se podría considerar como una distracción del CSE para que los partidos se desgasten en legalismos y desequilibren sus campañas electorales, que inician el 20 de agosto.
Núñez expresó que el “colmo” del abuso del Poder Electoral en contubernio con el gobierno, es la propaganda electoral permanente del partido de Ortega, haciendo el uso y abuso de los recursos del Estado, los cuales, incluso, señaló, se destinan a los medios oficialistas --dirigidos por los hijos de la pareja presidencial-- para la campaña de Ortega.
Mientras tanto, Darce señala: “Uno se despierta, y desde que salís a la calle te encontrás con una serie de violaciones a las leyes electorales”, en referencia al abuso de los bienes del Estado, y a pesar de las quejas públicas, ningún partido ha puesto una denuncia ante la Fiscalía Electoral.
