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Para el fiscal Armando Juárez el proceso electoral administrado por los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) se desarrolla con “buen suceso”, a pesar de las críticas de la oposición y organizaciones de la sociedad civil que señalan irregularidades en el cumplimiento de la ley y un juego político con los dados cargados a favor de un solo partido: el oficialista Frente Sandinista.
El mismo Juárez reconoce las críticas que la oposición hace en su contra, al acusarlo de responder a los intereses del oficialismo. Él asegura que está “apegado a la Constitución y a la ley” y dice que los medios de comunicación y la oposición tienen la tendencia de “solo ver lo malo”.
Al fiscal se le señala de no tomar medidas sobre la utilización de instituciones públicas como plataformas de campaña por parte del Frente Sandinista, un claro delito electoral. Él se defiende en esta entrevista y dice que hasta ahora la Fiscalía no ha recibido denuncias al respecto, y lo que conoce lo ha visto a través de los medios de comunicación, lo que no es suficiente para comenzar una investigación. “Porque lo diga un determinado periódico no lo vamos a hacer (investigar). Hay una tendencia morbosa a querer empujar a la Fiscalía a andar persiguiendo noticias”, dice Juárez.
¿Cómo ve usted este proceso electoral?
Creo que se desarrolla con buen suceso, en el sentido de que a pesar de los constantes señalamiento y cuestionamientos a la autoridad del CSE, y a veces hasta a esta persona que le habla, todo se va a desarrollando y cumpliendo.
Algunos partidos de oposición han denunciado lo que consideran irregularidades en el proceso electoral, como el hecho de que el CSE haya prohibido los fiscales durante la verificación. ¿Qué opina de estas denuncias?
El proceso de verificación lo vi bien, con buen desarrollo. Hubo abundante comparecencia de los ciudadanos. Sí escuché algunas críticas de algunos partidos participantes, y también escuché la respuesta del presidente del CSE. En realidad esto queda en el ámbito de la administración del proceso electoral, y eso es exclusivo del CSE. Podrá ser o no una irregularidad administrativa o a considerar por los partidos, pero en realidad quien tiene la potestad suprema de cómo organizarla, cómo medir los tiempos y de tomar las medidas es del CSE.
La ley establece que los fiscales de los partidos pueden participar en el proceso de verificación.
Sí, ciertamente. La ley establece la potestad del CSE de inscribir, verificar y ejercer el sufragio. Esa una potestad de administrar el proceso con participación de los partidos políticos. El artículo 22 establece la participación de los fiscales. Ese es un asunto que cada partido político debe hacerlo valer. Si queda claro que no es un delito electoral, sí puede ser una falta o una medida que debió haberse implementado o algo que hay que exigirle al CSE; pero está en el ámbito de la administración del CSE.
También se ha criticado la distribución de los CEM y los CED para beneficiar a un partido político. Por ejemplo, a Alternativa por el Cambio obtuvo 30 cargos dentro de los CEM. El artículo 16 de la Ley Electoral establece que organizaciones políticos que van en alianzas no pueden obtener de forma independiente puestos en los CEM.
Me parece que cada partido político deberá alcanzar y defender sus espacios. Cada partido político tiene, dentro del sistema de competencias, que hacer valer sus derechos y asumir sus deberes. Aquí tiene que quedar claro que el árbitro del sistema electoral es el CSE…
Ese árbitro está fallando en hacer cumplir el reglamento. El artículo 16 de la Ley Electoral es muy claro, fiscal.
Si a criterio de alguien el árbitro no está cumpliendo, debe haber un mecanismo… Eso le compete a cada partido ver los alcances de las potestades que le da la ley, y hacerlo valer dentro del marco de la legalidad.
Los partidos políticos dicen que se viola la ley para beneficiar a un partido, en este caso el FSLN.
Bueno, también hay una tendencia a solo ver lo malo… Yo creo que eso tiene que ver con la garra con la que cada quien defienda su espacio.
¿Qué opina de las críticas que se le hacen a usted desde la oposición? Se dice que usted no ve delitos electorales denunciados por los partidos de oposición, mientras que es permisivo con actuaciones del FSLN no necesariamente apegadas a la ley.
Mirá, eso fue desde un comienzo. Yo estoy apegado a la Constitución y a la ley. Aquí es un hecho real el uso de los medios por parte de los grupos de opinión política organizada que están fuera o dentro del proceso electoral. Me asombra que hay mucha noticia alrededor del tema, pero sólo tres denuncias específicas por supuestos delitos electorales.
¿Cuáles son esas denuncias?
Una introducida por el PLC contra PLI-UNE, otra introducida por José Venancio Berríos contra PLI-UNE y una entre facciones conservadoras por el uso de sus emblemas. Esas tres denuncias exclusivamente. Hay mucho escrito en los medios sobre determinadas quejas o inconformidades…
Por ejemplo de que las instituciones del Estado están llenas con pintas y murales que llaman a votar por el FSLN. ¿Eso no es delito electoral, fiscal?
A eso voy. ¿Qué sucede? Es más la instrumentalización del medio noticioso para crear una opinión adversa al árbitro o la institución que organiza las elecciones, que la voluntad de ir a demostrar un hecho. Quien se sienta agraviado por “X” comportamiento que considere delito electoral tiene que denunciarlo.
¿No es ese un delito electoral?
Hicimos un recorrido de Managua a Matagalpa para ver una denuncia sobre uso de propaganda en el tendido de la carretera, que no es delito electoral. Encontramos propaganda ligada al partido de Gobierno en la mampostería y en la acera de la carretera, pero no es de nuestra competencia, a lo sumo de las alcaldías o el Ministerio de Transporte…
Pero la propaganda en las instituciones del Estado sí es de su competencia.
Voy a eso. En cuanto a las instituciones del Estado, vamos a los colegios: te digo que se vuelve imperseguible, a menos que venga alguien y ponga en específico una denuncia, ¿la Fiscalía Electoral va a ir a perseguir a un colegio entero porque los alumnos deciden ponerse determinado color, levantar determinada bandera o hacer determinada pinta?
¿Sí puede llamar la atención del partido que está incitando a esto, porque son instituciones públicas? ¿Qué pasa con las instituciones en las que se ponen carteles donde aparece el candidato del oficialismo?
Eso tiene un orden, tiene un procedimiento, porque lo diga un determinado periódico no lo vamos a hacer.
Es algo que se ve claramente en las instituciones del Estado. ¿Usted como fiscal electoral no lo ve?
Yo he visto… Por ejemplo, cuando fuimos a ver una denuncia que hubo sobre una pinta que decía “Qué se rinda tu madre”. Esa pinta es viejísima y toda la pared de ese colegio estaba pintada. Si estamos hablando de un delito estamos hablando de poder determinar un acto concreto que se le tiene que atribuir a alguien. La Fiscalía electoral no va a perseguir noticias, va a requerir una denuncia específica, porque perseguir un delito implica determinar una acción específica para atribuírsela a alguien para que asuma la responsabilidad por ese comportamiento.
Existe una serie de conductas que aunque salen en los medios, al momento de individualizarse se vuelven insignificantes y además están desbordando el marco jurídico de la normativa de prohibición, porque no vamos a seguir 800 estudiantes ni a perseguir a 1,200 trabajadores de una institución. Requerimos individualizar.
¿Cuál es el procedimiento que usted sigue si le llega una denuncia de utilización de instituciones públicas como plataforma de campaña electoral?
Yo recibo su denuncia y oriento actos de investigación para definir si existe el hecho en realidad, definir quién es el responsable de ese hecho y tomar una decisión en el marco de nuestra competencia. Hay una tendencia morbosa a querer empujar a la Fiscalía a andar persiguiendo noticias. Si hay tanto interés ¿por qué no se pone la denuncia?
