Luego de ser Nicaragua uno de los países más avanzados en los procesos electorales a nivel centroamericano, ha retrocedido sustancialmente desde que el ex mandatario Arnoldo Alemán y el actual presidente Daniel Ortega sellaron su pacto (1999), ya que dieron paso a la completa partidarización del Consejo Supremo Electoral (CSE).
A solo nueve meses de que se celebren las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, las posibilidades de que el proceso sea transparente y legal son casi nulas, debido a que los magistrados electorales están ejerciendo sus funciones ilegalmente y en los últimos comicios se les señaló de cometer fraude electoral.
“Nicaragua iba a la cabeza en los procesos electorales en Centroamérica, pero en este momento tiene más problemas de partidarización; eso hace que en Nicaragua, en lugar de evolucionar en materia electoral, haya un retroceso”, dijo Rosa Marina Zelaya, ex presidenta del CSE.
Zelaya dijo que la partidarización empezó en 1996, cuando la Asamblea Nacional puso en manos de los partidos políticos el control de las juntas receptoras de voto (JRV) y los mandos intermedios del CSE.
Luego los partidos políticos pusieron broche de oro con la reforma a la Constitución Política y la Ley Electoral en el 2000, dejando el control del CSE en sus manos.
“Esto vino en detrimento del desarrollo profesional que venía teniendo el sistema electoral. Esta partidarización ha venido a impedir un desarrollo evolutivo del sistema administrativo, técnico y profesional del organismo electoral y ha afectado la credibilidad en el sistema electoral, porque se han dado una serie de irregularidades y anomalías que le han hecho mucho daño”, expresó Zelaya.
Antes de la reforma, el presidente y primer miembro de los organismos electorales los nombraba el CSE y el segundo miembro era de partidos políticos.
CENTROAMÉRICA EN VÍAS DE DESPOLITIZAR TRIBUNALES ELECTORALES
Mientras en los demás países de Centroamérica buscan cómo implementar reformas a las leyes para despolitizar los tribunales electorales, en Nicaragua los magistrados del CSE están ejerciendo sus funciones ilegalmente desde junio pasado.
El doctor Roberto Rubio-Fabián, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) en El Salvador, señala que uno de los problemas en materia electoral que aún enfrenta ese país es la politización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero aseguró que se están implementando algunas reformas que son apoyadas por la Corte Suprema de Justicia.
En Guatemala los magistrados son elegidos a través de un proceso de elección, donde participa más la sociedad civil y son electos por el Congreso, “no son miembros de un partido político, el perfil aquí de los magistrados es para no ser miembros de un partido político”, afirmó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, un organismo de observación electoral.
En Honduras y El Salvador la elección de los magistrados es igual que en Nicaragua, ya que son seleccionados por los partidos políticos. Adán Palacios, presidente del Mirador Electoral, un organismo de observación electoral en Honduras, señaló que en su país los magistrados tienen afiliación política, pero agregó que como sociedad civil están discutiendo una posible reforma electoral.
“Eso ha traído algunos problemas de legitimidad y mucha irregularidad, el 2005 fueron las peores elecciones que hemos tenido, comparables solo con las del siglo pasado. Es una reforma urgente, necesitamos que se ciudadanicen las organizaciones electorales del país, desde el tribunal hasta la mesa electoral, para que estén estructuradas por personas sin afiliación política”, expresó Palacios.
En Costa Rica los magistrados son nombrados por la Corte Suprema de Justicia por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus votos.
Mientras que en Guatemala los candidatos son propuestos por universidades y por el colegio de abogados. En Panamá la legislación también exige que los tres magistrados deben ser abogados, al tener que cumplir con los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Zelaya manifestó que tanto El Salvador como Honduras han tenido mucha influencia de los partidos políticos y por mucho tiempo han tenido toda la organización, administración, dirección, supervisión de las elecciones en manos de los partidos políticos, y esto ha afectado su desarrollo. No obstante, afirmó que Guatemala ha tratado de salir de eso, aunque tiene atrasos técnicos administrativos.
NICARAGUA, EL ÚNICO CON PEROS A OBSERVACIÓN
Rubio-Fabián señala que en El Salvador hay una amplia apertura a los organismos de observación electoral tanto nacionales como internacionales. Incluso expresa que en las elecciones pasadas se le permitió a la Organización de Estados Americanos certificar el padrón electoral, debido a que algunos partidos políticos habían señalado de que el mismo estaba amañado.
Por su parte, Marroquín afirma que tampoco tienen ninguna restricción como observadores y asegura que el proceso inicia entre 8 y 9 meses antes del día de las elecciones.
“El periodo queda a criterio del que quiere observar, hay que recordar que el proceso electoral es un proceso, no un evento de una semana o un día, sino un proceso que tiene varias fases, lo interesante es monitorear todo el proceso en su conjunto”, manifestó Marroquín.
Sin embargo, en Nicaragua tanto el presidente Daniel Ortega como Roberto Rivas, presidente de facto del CSE, en diversas ocasiones han manifestado que lo que permitirán es acompañamiento electoral, una figura que no aparece en la legislación nicaragüense. Desde 1990 hasta las elecciones del 2006 las elecciones fueron observadas por organismos nacionales e internacionales.
La decisión de no acreditar observadores nacionales empezó en las elecciones municipales del 2008 y las regionales en 2010, donde tanto Ética y Transparencia (EyT) como el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) no fueron acreditados; sin embargo ellos realizaron su trabajo y fueron de los primeros en denunciar el fraude del 2008 y las irregularidades del 2010.
Mientras tanto en Panamá y Costa Rica, aunque no tienen observación electoral amplia, los ciudadanos están satisfechos con los resultados de las elecciones, porque confían en sus tribunales electorales.
Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz de Panamá, un organismo de la Iglesia católica que por 25 años ha observado procesos electorales, señala que ellos solo observan el día de las elecciones, pero no por restricciones del Gobierno, sino por recursos, aunque está consciente de que se necesita más tiempo.
“Si ellos (los panameños) no han desarrollado más la observación, es probable que no tengan la urgencia que tenemos aquí”, expresó Zelaya.
Roxana Salazar, quien fue directora ejecutiva de Transparencia Costa Rica, señaló que la observación que se lleva a cabo solo es la establecida con la OEA; “en cuanto a la sociedad civil, no se hace, porque no hay recursos”.
En Honduras, pese a que durante el 2009 tuvieron una crisis política en la cual el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya, fue sacado del país por la fuerza, la apertura a la observación electoral es bastante amplia. Palacios (del Mirador Electoral) asegura que en Honduras no tienen restricciones ni de parte del TSE ni jurídicas.
Palacios afirma que ellos hacen monitoreo de todo el proceso y la observación se hace totalmente en libertad, incluso mediante acuerdos con el TSE tienen acceso a la imprenta, a las auditorías, entre otras.
Por su parte, Salazar indica que el sistema electoral de Costa Rica es un modelo para países no solo centroamericanos, porque han invertido mucho en el fortalecimiento del Tribunal Electoral, el cual goza de la confianza de la ciudadanía.
Mientras que Nicaragua, que tuvo mucho apoyo financiero durante la década del noventa para que fuera uno de los mejores, ahora es el más cuestionado.
Washington, Estados Unidos
