Dilemas de un “fraude anunciado”

MANAGUA
Ser o no ser, he ahí el dilema. La política se vuelve filosófica cuando los partidos opositores se encuentran con una situación, en la que participar en las próximas elecciones nacionales 2011, implica reconocer a los magistrados que han cuestionado y acusado de fraude, pero a la vez, no ir, significa perder su legalidad como partido; entonces, ¿qué hacer?
Las organizaciones políticas de oposición reconocen que el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, los tiene en “jaque”; sin embargo, la respuesta predominante es participar para demostrar --“por tercera vez”-- que los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, son “ladrones de votos”.
PLC ya está “curado” de los robos
Los miembros del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, tienen clara su situación. Van a participar porque no quieren perder su personalidad jurídica, aunque aseguran de antemano que les van a robar las elecciones.
El representante legal del PLC, Jorge Castillo Quant explica que “para demostrar que te roban, te tienen que robar primero”. Sin embargo, como él mismo admite, ésta sería la tercera vez que el CSE le “robaría los votos al PLC”.
Entonces, ¿para qué participar si saben que se las van a robar por tercera vez?
“Nosotros ya estamos curados del robo que se cometió con las alcaldías”, dice en referencia a las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008.
Para reforzar sus argumentos, Jorge Castillo Quant usa las palabras de un adversario político: “Ya lo dijo Tomás Borge, tenemos que retener el poder a como sea”.
¿Pero de qué serviría ir a unas elecciones que advierten de antemano que se las van a robar?
“Para demostrar eso ante el mundo”, contesta.
¿Pero si ya quedó demostrado en las elecciones de 2008?
“Hay que ir, porque nosotros tenemos que estar dentro del juego e involucrarnos y tener que competir, si cuelgas lo guantes en un cuadro de boxeo y los tiras y los dejas ahí no vas a boxear”.

Castillo admite que “están entre la espada y la pared”, pero explica que es porque han tenido “hermanos liberales ingratos que nos han traicionado”, dice el ingeniero agrónomo de 70 años de edad, hermano del histórico “Chema” Castillo.
No ir es perder intereses de poder
Pero otros personajes tienen una interpretación diferente de la participación de los partidos políticos en las elecciones de 2011. El coordinador del Programa Electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Harry Chávez, opina que los partidos políticos que acepten participar en el “juego electoral” de 2011 estarán legitimando y reconociendo a los magistrados del CSE.

Además, considera que no ir a las elecciones de 2011, implica perder intereses de todo tipo; mientras que, manifiesta, “hay partidos que están interesados en participar a sabiendas de que no van a ganar (y) hay otros partidos que tienen por ley el derecho a tener el 50% de la estructura electoral”.

En la primera situación, Chávez se refiere al PLC, y en la segunda, a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.

“Van a ganar cuotas en los poderes del Estado, hay quienes van por eso, hay intereses claros; digámoslo con nombre pues, el PLC del ala del doctor (Arnoldo) Alemán”, manifestó el experto en temas electorales.
Partidos opositores deberían ser firmes
Chávez señala que aunque los partidos argumenten que están obligados a participar para no perder su personalidad jurídica, realmente lo que hacen es “respaldar” la acción del CSE, y en ese sentido, considera que “deberían tener una actitud más firme”.

Para Chávez, lo mejor sería que los partidos ejercieran presión. “Si todos los partidos se ponen de acuerdo en exigir las garantías mínimas, tienen que hacer oír al CSE”.

Ipade, organismo al que representa Chávez, participará en las elecciones de 2011 como ente nacional que observará el proceso.

Aclaró que no están pensando o advirtiendo que habrá otro fraude, sino que debido a los antecedentes de irregularidades, la legalidad cuestionada de los magistrados, la actitud que han asumido anteriormente de no acreditar ni siquiera a los observadores nacionales, entonces consideran necesario vigilar el proceso, aunque los actuales magistrados no quieran.
Participar “bajo protesta”
El director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, tiene otra lógica de la participación de los partidos. Considera que su participación sería “bajo protesta”.

“Claramente te dicen que su participación no es legítima, sino que es una forma de protesta, es decir, es como que tengan un problema de cobro de un banco, vos crees que no le debés, pero ni modo tenés que pagar bajo protesta mientras se resuelve el problema, en ese sentido no legitima”, dice Courtney.

Pero hace otra analogía para dejar más claro su punto: “¿Si alguien te asalta en la calle y te dice que te va matar, vos le decís: ´no, mejor me suicido yo? No. Tenés que obligar al criminal a cometer su actividad. El criminal tiene que llevar en su conciencia y en su currículo su mal comportamiento, es decir, te vuelven a asaltar mañana lo mismo haces vos”, explicó Courtney.
Tienen que ejecutar el delito
“La opción no puede ser regalar la billetera. El criminal tiene que quitártela, tiene que ser bajo amenaza, y no es una sola vez, diario te asaltan, diario obligás al criminal a que sea un delito no un regalo”, agregó Courtney.

Courtney explica que los nicaragüenses “están ante un tribunal electoral que dos veces ha sido señalado de fraude, sigue manejando el sistema electoral y su comportamiento no demuestra que haya enmendado nada”.

“Esa son las circunstancias en las que se complican las elecciones en Nicaragua, y esas son las circunstancias en las cuales los partidos obligan al tribunal electoral a llevar su comportamiento correctivo o degenerativo hasta el final del camino”, explicó.
Un Estado infuncional está destinado al colapso
Con esta situación y sin poder acudir a una institución imparcial para acusar con el debido proceso, Courtney advierte que después de las elecciones, es probable un incremento de denuncias, y al no ser atendidas se revierte en violencia.

“Cuando el Estado no hace nada de cara a los crímenes, la gente comienza a tomar la ley con sus propias manos, incrementa la violencia, la pobreza, la inseguridad, en términos generales.

Un Estado que es infuncional en ciertas áreas, finalmente está promoviendo su propio colapso”, dijo el director del organismo de observación electoral.

El 24 de septiembre pasado, Courtney hizo un llamado en representación de Ética y Transparencia, para que todos los ciudadanos sean observadores el día de las elecciones y que estén atentos a “otro fraude” que desde ya se advierte.

EyT es uno de los organismos que denunció las irregularidades ocurridas en las elecciones municipales del nueve de noviembre de 2008 y también en las elecciones de los Consejos Regionales en la Costa Caribe.

Por su parte, el presidente del consorcio Hagamos Democracia, Roberto Bendaña McEwan, considera que sería un error no participar en las próximas elecciones, aunque reconoce que como oposición están en desventaja.

“Estamos conscientes de que vamos con árbitros sucios, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no permitirles que metan mano”, manifestó Bendaña, agregando que tienen unas cartas bajo la manga que no puede revelar.
“Observadores ciudadano”
Bendaña McEwan, quien respalda la candidatura del empresario radial Fabio Gadea Mantilla, adelantó que como organización civil van a crear un espíritu positivo de participación cívica, donde cada ciudadano no sólo sea votante, sino también observador, en ese sentido coincide con la propuesta que hace EyT.

El Director de Hagamos Democracia, espera con esto que el ciudadano no sólo vaya a depositar su voto, sino que además observe y defienda su voto.

Hagamos Democracia está trabajando con otros organismo de la sociedad civil para hacer una campaña cívica previa a las elecciones.

Bendaña manifestó que aún no terminan los esfuerzos por presionar para cambiar a los actuales magistrados del CSE, pero si eso se sale de sus manos, se van a preparar para defender el voto.
No tienen legalidad ni legitimidad
El experto en temas electorales del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Harry Chávez, explicó que en el caso de que a los magistrados del CSE no se les hubiese vencido su período, todo lo que hicieran sería legal “porque ellos son un poder del Estado”.

Sin embargo, aclaró, sus actuaciones no serían legítimas, porque son parcializadas y cuestionadas debido a que “está demostrado que cambiaron los resultados de los votos de las elecciones municipales de 2011; manipularon las fechas del calendario electoral, y todo eso es legal porque lo pueden hacer”, y porque la Ley Electoral, Ley 331, no especifica procedimientos ni fechas.

Pero la situación actual es otra, tienen vencido el período de sus cargos de magistrados y actúan respaldados por el Decreto Presidencial 03-2010 y el artículo 201 de la Constitución Política, que prolonga su período hasta que la Asamblea Nacional elija a nuevos funcionarios.
Legalidad cuestionada
En esos casos, la oposición ha cuestionado las dos resoluciones oficialistas porque sólo la Asamblea Nacional puede elegir a los funcionarios del Estado, y el artículo 201 es cuestionado por ser de carácter transitorio, mientras que los orteguistas aseguran que está vigente porque nunca se derogó “con motivos de causa”.

Chávez señala, en ese sentido, que los orteguistas “están queriendo aparentar legalidad”, lo cual hace que los magistrados estén actuando con una “legalidad cuestionada”, y que a la vez, no tienen legitimidad.